Como desalojaron a los habitantes de la comunidad de tabaco en La Guajira.

martes, 8 de septiembre de 2015

PARO CIVICO EN LA GUAJIRA CONTRA ELECTRICARIBE Y POR LA DIGNIDAD DE LOS USUARIOS.




PARO CIVICO EN LA GUAJIRA CONTRA ELECTRICARIBE Y POR LA DIGNIDAD DE LOS USUARIOS.
Hoy 5 de septiembre, en Riohacha más de 20 organizaciones sociales, sindicales, cívicas, indígenas y políticas de todo el departamento constituyeron el  Movimiento de Indignados de la Guajira Contra Electricaribe y dentro del plan de movilizaciones sociales, plantean para el mes de octubre, la realización de un paro cívico departamental en contra de Electricaribe.
No solo para los guajiros, sino, para los costeños en general, Electricaribe, se ha constituido en una gran calamidad histórica. Que ello es así, lo indica, el estado de precariedad de la infraestructura;  las oscilaciones del voltaje en el periodo  del 2004 al 20014 ha generado más de 28 electrocutados en todo el departamento; la facturación se establece con base en proyecciones de consumo; la comunidad es la que se hace responsable del mantenimiento de la infraestructura. Igualmente, Electricaribe hace unos  racionamientos disfrazados de mantenimientos de 12, 24 y 48 horas que no solo  dañan los electrodomésticos, sino también a las mercancías  y productos perecederos con perjuicios económicos para los hogares, comerciantes y pequeños productores. Tenemos la más grande subnormalidad del país, el 92 por ciento.
De igual manera, Electricaribe viene utilizando el programa PRONE para cambiar las redes de cobre por aluminio, haciendo grandes negocios, y colocándole sistemas de energía centralizada digitalizada a los usuarios, colocando chip a seis metros de altura para medir los funcionarios el consumo y dejando a los usuarios sin los medidores individuales en sus respectivas viviendas a la vista para poder controlar el consumo y la lectura de las empresas prestadoras.
No obstante, esta ineficiencia, el Gobierno de Santos, obsecuente con los intereses del capital extranjero,  premia a Electricaribe y castiga de manera implacable al pueblo costeño. Mediante la Resolución 036 de 2015  de la CREG,  se determinó un incremento en las tarifas de la energía en la Costa Atlántica. De igual manera,  en el Plan Nacional de Desarrollo se  establece que los fondos para normalización de redes, electrificación rural, sistema no interconectado, subsidios para energía social, que antes eran financiados con el presupuesto nacional ahora serán cargados a los usuarios vía tarifas a partir de enero del 2016.
Pese a que el Estado Colombiano ha girado a Electricaribe, recursos para contratación de obras e interventoría por el orden de los $ 651.996 millones, en el periodo del  2004 y 2014 estos no se ven reflejados en la composición accionaria a favor de la Nación.

El Plan Caribe lanzado por el Gobierno Nacional a través del ministro de Minas y Energía, Tomás González, no resolverá el problema de la infraestructura obsoleta de la distribución local, porque del monto total  de  4.1 billones de pesos,  tres billones serán para el Sistema de Transmisión Nacional y Regional, mientras que para la Distribución Local solo recibirá   1.1 billones. Adicional a lo anterior, estos recursos saldrán de los bolsillos de los costeños, mediante aumentos tarifarios como ocurrió en junio con  Electricaribe que las subió en un 13.2 por ciento.
Por todo lo anterior, el  Movimiento de Indignados de la Guajira Contra Electricaribe aprobó un plan de movilización que contempla:
1.   Enviar carta al presidente de la republica exigiendo la concertación pública con los Gobiernos Departamental, Municipales, Electricaribe  y Movimiento de Indignados de la Guajira Contra Electricaribe para implementar un plan de inversiones y de obras con plazos y fechas precisas, y medibles  para la construcción a corto plazo  del Proyecto del anillo de la línea redundante Riohacha - Cuestecitas - Maicao – Riohacha.
2.   Constituir los Comités municipales y barriales del movimiento en todo el departamento.
3.   Organizar la Marcha por la Dignidad de los Usuarios y contra Electricaribe, jueves 18 de septiembre.
4.   Realizar el Gran Foro por la Dignidad de los Usuarios y contra Electricaribe el día 2 de octubre.
5.   Organización y realización del Paro Cívico Departamental  Contra de Electricaribe, cuya fecha será determinada en el marco del gran foro.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
1.   COMITÉ CIVICO POR LA DIGNIDAD DE LA GUAJIRA.
2.   SINTRACARBON
3.   SINTRABIENESTAR
4.   CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARBON.
5.   ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES.
6.   ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA GUAJIRA.
7.   COMITÉ COMUNITARIO BARRIO MARBELLA.
8.   SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SENA, SINTRASENA.
9.   CEDETRABAJO GUAJIRA.
10.               ORGANIZACIÓN INDIGENA WIWA.
11.               ORGANIZACIÓN CAMPESINA ASOCASAGUA.
12.               ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE LA GUAJIRA,
13.               COMITÉ COMUNITARIO BARRIO 31 DE OCTUBRE.
14.               JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO MAREIGUA.
15.               COMITÉ COMUNITARIO BARRIO VILLA BRASIL
16.               JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LOS ESFUERZOS.
17.               ASOCIACION CAMPESINA ASOCAMIN
18.               JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO MAREIGUA.
19.               COMITÉ COMUNITARIO BARRIO BOCA GRANDE.
20.               POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO.


martes, 12 de febrero de 2013

COMUNIDADES INDIGENAS WAYUU Y AFROS CON SINTRACARBON

sábado, 26 de enero de 2013

¿En vilo concesión en el Tayrona?

Por: Viviana Londoño Calle

Tutela instaurada por Clara López busca tumbar contrato con Aviatur, debido a que el Gobierno no hizo consulta previa con los indígenas.

Por estos días, justo cuando los reflectores están puestos en el Parque Nacional Tayrona por los intentos de Arrecifes S.A. y la multinacional hotelera Six Senses de obtener la luz verde para un proyecto turístico en la zona protegida y, sin duda, por la cuestionada licencia ambiental otorgada al proyecto Los Ciruelos, ubicado también en el parque, una nueva polémica sale a la luz pública. Se trata de una tutela instaurada por la presidenta del Polo Democrático, Clara López, y la Fundación Misión Colombia en contra de Parques Nacionales a propósito de la concesión entregada en 2005 a la Unión Temporal Concesión Tayrona.
La demanda, que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, busca que dicha concesión para el préstamo de los servicios ecoturísticos, la dotación, el mantenimiento y la construcción de la infraestructura física del parque, quede sin ningún efecto.
Los motivos en los que se basa la petición se resumen en que Parques Nacionales no hizo la consulta previa con las comunidades indígenas kogui, arhuaca, wiwa y kankuama, antes de entregar la concesión. El documento recalca que “las comunidades indígenas de la zona no fueron tenidas en cuenta, como si no existieran”. Aunque no hay un resguardo como tal, en el Parque Tayrona viven actualmente alrededor de 6.000 familias, y cerca de 40.000 indígenas de las cuatro etnias llegan a lo largo del año al lugar para hacer diferentes rituales, lo que explica por qué debían opinar al respecto, como señala el abogado Alejandro Arias, quien también participó en la demanda. Según el Decreto 2164 de 1995, los sitios en los que las comunidades realizan actividades sociales, económicas y culturales también son consideradas como territorios indígenas.
La historia de la concesión
En la década de los 80 el Gobierno construyó 14 pequeñas cabañas (ecohabs) en la zona de Cañaveral del parque, en donde se alojaron los turistas, pagándole directamente al Estado hasta 2005. Ese año, el Gobierno decidió entregar en concesión los servicios turísticos (incluida una zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla) y la Unión Temporal Concesión Tayrona —cuyo socio mayoritario es Aviatur— se quedó con el contrato.
Esa es precisamente la acción para la que se debió tener en cuenta a los indígenas, debido a que “se daba paso a la explotación comercial del parque”, como explica Arias. En temporada alta, al Tayrona pueden entrar más de 5.000 turistas por día, y en los últimos seis años esta concesión ha representado para Parques Nacionales ingresos por casi $6.300 millones. De hecho, como lo publicó El Espectador en octubre de 2012, es la única concesión rentable para sus administradores. En Gorgona, Amacayacu y Nevados, los concesionarios le han pedido a Parques Nacionales cancelar los contratos, aduciendo constantes pérdidas.
Aunque el contrato del Tayrona va hasta julio de 2015, el alto tribunal tendrá que analizar si lo deja sin efecto, como se pide en la demanda. Al cierre de esta edición, Parques Nacionales analizaba la información que tendrá que entregarle al tribunal el próximo lunes para que proceda a revisar si se faltó a la ley. Su directora, Julia Miranda, prefiere no pronunciarse hasta entonces. En el Ministerio del Interior también estudian la información.
Quien sí se expresó fue el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, insistiendo en que nunca han desconocido los derechos de los indígenas y que éstos no tienen restricciones para circular por el área concesionada: “No pagan derechos de ingreso al Parque y son siempre bienvenidos”.
El Espectador consultó a expertos en derecho ambiental que coincidieron en que era necesario hacer la consulta. Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, lo explica así: “Cualquier tipo de decisión administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas y sus territorios tiene que ser consultada, y ésta era una decisión administrativa”.
Al final de cuentas, será la justicia administrativa la que determine si se violó o no la ley. Al respecto, Bessudo no parece muy preocupado: “Respetamos la tutela y acataremos cualquier decisión. Si tenemos que devolver la concesión, lo vamos a hacer”. Pero en juego está nada más y nada menos que la concesión en parques más rentable para Aviatur.
Dirección web fuente ELESPECTADOR.COM

viernes, 25 de enero de 2013

Revista Ecojugando número 1. Editorial: la defensa del bien común

El Instituto Ecojugando, comprometido con la naturaleza, la recreación y la cultura, entrega a todos ustedes la primera edición de nuestra revista (clic aquí para descargar); una publicación con sentido crítico, social y actual. Estamos interesados en conocer sus opiniones y sugerencias. Muchas gracias por estar con nosotros, a continuación nuestro primer editorial.
LA DEFENSA DEL BIEN COMÚN
Todo ser humano desea progresar, esto es un componente esencial de nuestra naturaleza, con miras a ése objetivo cada persona se prepara académicamente, perfecciona sus habilidades, trabaja y compite con sus semejantes en la pugna permanente de la vida.
Sin embargo en esta dinámica puede suceder que en la búsqueda del beneficio personal se olvide la necesidad de defender también lo que nos beneficia a todos; el progreso es una construcción integral del bienestar, que junto al desarrollo técnico involucra la protección de la naturaleza, el perfeccionamiento de la educación y el esfuerzo ciudadano por establecer un sistema social cada vez más justo.
Ahí radica la necesidad de que la ciudadanía entera permanezca unida entorno a las ideas y actividades que ayudan construir una nación cada vez más fuerte, como la que por estos días empieza a gestarse en Valledupar, el Comité Cívico por la Defensa de Emdupar, constituido el pasado 19 de diciembre en el auditorio de ADUCESAR por una amplia diversidad de sectores sociales como ambientalistas, sindicatos, ligas de usuarios, juntas de acción comunal y partidos políticos de izquierda, centro y derecha.
El fin de esta iniciativa ciudadana será lograr que Emdupar sea conservada como un patrimonio público, pues en este momento las acciones del alcalde Freddy Socarrás han ido encaminadas hacia su privatización, un proceso nebuloso que ha incluido la modificación express de sus estatutos (a puerta cerrada) y del que ni siquiera el Concejo Municipal ha tenido conocimiento abierto y a tiempo, como lo manifestó su Presidente José Santos Castro, durante la asamblea constitutiva del comité.
Resulta triste ver como en los últimos 25 años las empresas estatales de orden nacional, departamental y municipal, han pasado por un proceso de liquidación que sólo ha beneficiado a los monopolios que las han adquirido a menos precio del que tienen en realidad, todo en nombre de la apertura económica y la libre empresa.
La idea de que el capital privado participe en las empresas de servicios públicos puede ser provechosa para la sociedad, pero ¿por qué a costa de lo que millones de ciudadanos han construido a partir de sus impuestos? Si quieren participar del negocio que inviertan en infraestructura y construyan redes de energía, telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado ¿por qué tiene que entregarse el patrimonio público, el poder estatal y la planificación económica a cambio de unos pocos centavos?
Por último y en coincidencia a la privatización de Emdupar, empieza a barajarse nuevamente la construcción de la represa Los Besotes, una necesidad para Valledupar y su área metropolitana desde hace muchos años, principalmente en materia de suministro de agua potable, distritos de riego y generación eléctrica; sin embargo el lado oscuro de este asunto ya se deja ver, con intereses privados sedientos de su operación, pero con el municipio endeudado para su construcción.
La educación, la salud, la ética pública, los derechos laborales, la vivienda digna y los servicios públicos son causas sociales que necesitan la participación de todos para ser una realidad, el Comité Cívico por la Defensa de Emdupar es una muestra de ello, apoyarlo es tarea de todos, adelante.
JOSE LUIS ROPERO DE LA HOZ
Director Instituto Ecojugando
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miércoles, 23 de enero de 2013

Cerro Matoso: se entregó la mina en lamentables condiciones




Un análisis cuidadoso del acuerdo entre el gobierno y la minera revela que se cedió en todo: hoy la mina pasa al control total e indefinido de una multinacional ventajosa y oportunista, en condiciones lamentables para el Estado.

Álvaro Pardo / Director Colombia Punto Medio *

Se entregó la mina
En medio del bombardeo publicitario de las últimas semanas, la autoridad minera se esforzó por destacar como un gran logro el compromiso de inversión social consignado en el acuerdo de prórroga del contrato de Cerro Matoso.
Pero una lectura tranquila del documento revela que el gobierno nacional entregó su única mina de níquel en condiciones lamentables, prácticamente a perpetuidad, asumiendo los riesgos empresariales que en derecho debía asumir la multinacional.
Pese al concepto del Consejo de Estado — que avaló la inclusión de dos contratos de concesión en uno de aporte — en la memoria de muchos persistirán las dudas jurídicas respecto de un abuso del derecho que, bajo la mirada complaciente de una autoridad improvisada, permitió a esta poderosa multinacional mantener el control de un recurso natural no renovable, estratégico, escaso en el país y en el mundo… y fundamental para la industria moderna.
Prórroga infinita
BHP Billiton y las autoridades tuvieron que hacer verdaderas maromas jurídicas para lograr en medio del mayor sigilo incorporar los contratos de concesión 866 y 1727 al contrato de aporte 051 de 1996.
Próximo al vencimiento del contrato 866 y 1727 en el semestre pasado, el país presenció un debate en el que se expresaron la crítica de un sector del Congreso, el rechazo de la comunidad, autoridades locales y diversas organizaciones sociales, las advertencias de la Contraloría General, pero también la defensa a ultranza de la autoridad minera por los “derechos adquiridos” por Cerro Matoso S.A. (CMSA).
Y como quienes a media noche se reúnen a escondidas para repartirse un botín, la autoridad minera anunció el 28 de diciembre el otrosí Nº4 al contrato 051/96, que permite a la minera explotar los yacimientos — no ya hasta el 2044, como eran sus intenciones — sino hasta el infinito, gracias a “que podrán convenirse nuevas prórrogas, la primera por un término de 20 años, en los términos y condiciones que se acuerden en el momento”.
Los argumentos de la parte interesada para lograr las mejores condiciones en el nuevo contrato consistieron en destacar la pérdida de competitividad del yacimiento debido a la declinación natural del tenor del mineral, el agotamiento natural del mineral de mayor tenor y el riesgo de que el contrato 051/96 terminara antes de tiempo por falta de inversiones, si no se acordaban prórrogas adicionales.
En el debate del año pasado en la Comisión Quinta del Senado, el entonces ministro de minas, Mauricio Cárdenas, dijo que el Ministerio disponía de estudios confiables que confirmaban la caída del tenor del níquel. Cuando le fue solicitada una copia del documento, Cárdenas entregó un “estudio” de dos páginas donde se repetían los argumentos de la multinacional. Si estos “estudios” fueron la base de la renegociación… ¡ vergüenza para Colombia!

Salpicón express
Las partes tomaron los aspectos que más convenían de diversas normas mineras para elaborar un documento que sólo tiene un beneficiario: CMSA.  El otrosí incluye normas del decreto 2655 de 1988 (sin vigencia), y de las leyes 141 de 1994, 685 de 2001 y 1382 de 2010. Pero cuando lo necesitaron, optaron por acudir de una vez a la facultad que tienen las partes en los contratos de aporte minero para negociar libremente y sin restricciones.
Excepto un estudio oficial que se hubiese realizado en los últimos meses, la autoridad minera aceptó todos los argumentos de CMSA, se amedrentó frente a la posibilidad de que la compañía abandonara la mina, y aceptó que el Estado asumiera los riesgos empresariales de Cerro Matoso, manteniendo el carácter privado de las ganancias.
El dúo Renjifo–García también sucumbió a la retórica del coro gremial minero: la minería genera empleo, impuestos, regalías, trae crecimiento, bienestar y prosperidad. Nada de esto han visto ni por asomo los habitantes de Monte Líbano y sus alrededores en 30 años de operación. 

Trampa en los precios de transferencia
Según la parte interesada, la viabilidad de la mina depende de introducir una nueva y costosa tecnología para el tratamiento de minerales de bajo tenor, mediante un proceso de lixiviación.
En el resumen ejecutivo de un  documento enviado por CMSA el 30 de agosto de 2012 al Ministerio de Minas y Energía (MME), esta compañía informa que BHP Billiton y CMSA tienen “el conocimiento único y de punta en la industria del níquel para el procesamiento de lixiviación en pila”.
De manera que cuando el otrosí autoriza a CMSA para subcontratar el procesamiento de mineral mediante lixiviación con vinculados económicos, están hablando de incorporar a otra empresa del mismo grupo BHP Billiton, para operar la nueva planta, que además se pretende construir en una zona franca.
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha llamado la atención durante varias décadas sobre actividades entre vinculados económicos, por ser esta una práctica deshonesta de las multinacionales: estas compañías maximizan sus ganancias reduciendo los impuestos y regalías a pagar, mediante el manejo amañado de los costos operativos entre vinculados, que las autoridades locales no pueden vigilar.
Los estudios de precios que la compañía deberá presentar para demostrar que opera a precios de mercado es un saludo a la bandera, pues precisamente son muy pocas en el mundo las compañías especializadas en lixiviación del níquel.
Les dieron caramelos
El ministro de Minas, Federico Renjifo, y la presidenta de la Agencia Nacional de Minerales, Maria Constanza García, alardean acerca del monto de las compensaciones y del alza en las regalías pactadas con CMSA.
Si bien la compañía se compromete a pagar de inmediato una prima de contratación por 20 millones de dólares, otros 20 millones de dólares dependerán de decisiones propias de la compañía para elevar la capacidad de procesamiento de minerales.
También tendrá efecto inmediato un alza de un punto en las regalías — de 12 a 13 por ciento — pero el aumento de otro punto adicional queda sujeto a la expansión de la capacidad de procesamiento de la planta.
En suma, varios de los “logros”, económicos pactados dependen de decisiones internas de la compañía y son por ahora meras expectativas.
Pero ese punto adicional de las regalías, que compensa el canon de arrendamiento de los bienes e inmuebles de Cerro Matoso que debían revertir al Estado el pasado 1º de octubre, no ingresará al Sistema General de Regalías (SGR), sino que al convertirse en una compensación, se distribuirá entre un 55 por ciento para la Corporación del Valle del Sinú y el San Jorge (CVS), y lo restante para el departamento y los municipios productores y portuarios.
El otrosí transfirió alegremente unos ingresos que le pertenecían a todos los colombianos a través del SGR, a una Corporación que ha sido una entidad prácticamente al servicio de la multinacional.
A propósito de las regalías, nada se acordó con relación al hierro, un mineral que se exporta en aleación con el níquel (ferroníquel) y que desaparece del mapa una vez sale de puerto colombiano. ¿Sabe la autoridad minera cuál es el destino del hierro? No basta con que digan que lo separan del níquel y lo desechan. ¿No deberían también pagar regalías por el hierro?
Tampoco se dijo nada del hallazgo de la Contraloría General de la República con respecto a unas regalías mal liquidadas por CMSA en el periodo 1998- 2003 y cuyo monto asciende a unos 62.000 millones de pesos. ¿El no pago de las obligaciones contractuales no es causal de terminación del contrato?
Un mal chiste
Las partes acordaron una inversión social regional de 10 millones de dólares hasta diciembre de 2016 y CMSA invertirá en programas sociales el 1 por ciento de sus utilidades antes de impuestos, o 2,5 millones de dólares (unos 4.400 millones de pesos) si las utilidades fueran inferiores a esta cifra. 
La inversión de 10 millones dólares es lo mínimo que podría hacer esta compañía para compensar las externalidades negativas causadas por la operación: no es un favor, es su obligación.
Con respecto a la inversión de unos 4.400 millones de pesos anuales en responsabilidad social — el aspecto más destacado y publicitado por el ministro Renjifo y la señora García — no pasa de ser un mal chiste.
El Resumen Ejecutivo enviado el 30 de agosto de 2012 por CMSA al MME dice: “En 30 años, CMSA ha hecho una gran inversión social… cifra que en los últimos cinco años ascendió a más de 44.000 millones de pesos”, es decir, 8.800 millones anuales.  Más del doble de lo que ahora anuncian con bombos y platillos para financiar programas sociales en la zona de influencia.
Agregan que estos recursos van a ser ejecutados por la misma empresa o por sus fundaciones. La empresa no tiene capacidad para desarrollar estos programas, nunca lo ha hecho, por lo que serán ejecutados a través de sus fundaciones.
Estas donaciones serán descontadas después de la renta gravable de CMSA,  haciendo uso de un beneficio que ofrece el “equitativo” estatuto tributario del ministro Mauricio Cárdenas.
Mount Lebanon
Resulta confusa y vaga la cláusula que obliga a esta compañía a cumplir con sus obligaciones ambientales:
·         En primer lugar, no es competencia del Ministerio de Minas determinar los requisitos y condiciones ambientales de CMSA, pues para ello existe el Ministerio de Ambiente y la ANLA;
·         En segundo lugar, la vaguedad de la redacción busca que la empresa siga utilizando una licencia ambiental de 1981 para continuar operando, desconociendo lo señalado y exigido por la ley 99 de 1993 y sus desarrollos hasta la fecha.
Dice el fallo del Consejo  de Estado que es “un deber constitucional del gobierno velar por que el contrato, en sus nuevos términos, guarde armonía con los modernos estándares de la legislación minera y ambiental, y proteja eficazmente el patrimonio de la Nación”.
El dúo dinámico se saltó el concepto del Consejo de Estado en lo ambiental y lo minero. Por ejemplo, Ingeominas aprobó en 2005 una reforma integral a los contratos 866 y 1727, para que se rigieran por la ley 685 de 2001. Pero al suscribir el otrosí #4, se olvidaron de ello y los trataron como los viejos contratos de los años sesenta.
El otrosí aprobó un canon de 5 dólares por hectárea / año, es decir, unos 8.000 pesos al cambio actual, monto ostensiblemente inferior al establecido por la ley 1382 de 2010 (que reformó temporalmente la ley 685 de 2001), y que para el caso de CMSA habría sido de 29.475 pesos por hectárea / año. ¿No se produjo un detrimento patrimonial? Ojalá la Contraloría tome cartas en el asunto.
No se establecieron obligaciones para la devolución de área, se prorrogó hasta el 2020 el periodo de exploración — este debe ser el único contrato en el mundo que dispone de 21 años para explorar: de 1999 al 2020—, penaliza a los funcionarios públicos que entreguen información sobre Cerro Matoso acudiendo a normas derogadas y amarra el incremento de varias de las obligaciones económicas al Consumer Price Index All Urban Consumer de ¡Estados Unidos!
¿Habrá confundido la autoridad minera a Mount Lebanon en el Estado de Nueva York con el municipio de Montelibano en Córdoba, Colombia? En algunos años, ese índice de precios es negativo, es decir, que cuando eso ocurra el gobierno no sólo no recibirá nada en compensación por los bienes que han debido revertir, sino que de pronto vamos a tener que pagarle a CMSA por su uso. Lindo negocio.

*  Director de Colombia Punto Medio.