Un análisis cuidadoso del acuerdo entre
el gobierno y la minera revela que se cedió en todo: hoy la mina pasa al
control total e indefinido de una multinacional ventajosa y oportunista, en
condiciones lamentables para el Estado.
Álvaro Pardo /
Director Colombia Punto Medio *
Se
entregó la mina
En
medio del bombardeo publicitario de las últimas semanas, la autoridad minera se
esforzó por destacar como un gran logro el compromiso de inversión social
consignado en el acuerdo de prórroga del contrato de Cerro Matoso.
Pero
una lectura tranquila del documento revela que el gobierno nacional entregó su
única mina de níquel en condiciones lamentables, prácticamente a perpetuidad,
asumiendo los riesgos empresariales que en derecho debía asumir la
multinacional.
Pese
al concepto del Consejo de Estado — que avaló la inclusión de dos contratos de
concesión en uno de aporte — en la memoria de muchos persistirán las dudas
jurídicas respecto de un abuso del derecho que, bajo la mirada complaciente de
una autoridad improvisada, permitió a esta poderosa multinacional mantener el
control de un recurso natural no renovable, estratégico, escaso en el país y en
el mundo… y fundamental para la industria moderna.
Prórroga
infinita
BHP
Billiton y las autoridades tuvieron que hacer verdaderas maromas jurídicas para
lograr en medio del mayor sigilo incorporar
los contratos de concesión 866 y 1727 al contrato de aporte 051 de 1996.
Próximo
al vencimiento del contrato 866 y 1727 en el semestre pasado, el país presenció
un debate en el que se expresaron la crítica de un sector del Congreso, el
rechazo de la comunidad, autoridades locales y diversas organizaciones
sociales, las advertencias de la Contraloría General, pero también la defensa a
ultranza de la autoridad minera por los “derechos adquiridos” por Cerro Matoso
S.A. (CMSA).
Y
como quienes a media noche se reúnen a escondidas para repartirse un botín, la
autoridad minera anunció el 28 de diciembre el otrosí Nº4 al contrato 051/96,
que permite a la minera explotar los yacimientos — no ya hasta el 2044, como
eran sus intenciones — sino hasta el infinito, gracias a “que podrán convenirse
nuevas prórrogas, la primera por un término de 20 años, en los términos y
condiciones que se acuerden en el momento”.
Los
argumentos de la parte interesada para lograr las mejores condiciones en el
nuevo contrato consistieron en destacar la pérdida de competitividad del
yacimiento debido a la declinación natural del tenor del mineral, el
agotamiento natural del mineral de mayor tenor y el riesgo de que el contrato
051/96 terminara antes de tiempo por falta de inversiones, si no se acordaban
prórrogas adicionales.
En
el debate del año pasado en la Comisión Quinta del Senado, el entonces ministro
de minas, Mauricio Cárdenas, dijo que el Ministerio disponía de estudios
confiables que confirmaban la caída del tenor del níquel. Cuando le fue
solicitada una copia del documento, Cárdenas entregó un “estudio” de dos
páginas donde se repetían los argumentos de la multinacional. Si estos
“estudios” fueron la base de la renegociación… ¡ vergüenza para Colombia!
Salpicón
express
Las
partes tomaron los aspectos que más convenían de diversas normas mineras para
elaborar un documento que sólo tiene un beneficiario: CMSA. El otrosí incluye normas del decreto 2655 de
1988 (sin vigencia), y de las leyes 141 de 1994, 685 de 2001 y 1382 de 2010.
Pero cuando lo necesitaron, optaron por acudir de una vez a la facultad que
tienen las partes en los contratos de aporte minero para negociar libremente y
sin restricciones.
Excepto
un estudio oficial que se hubiese realizado en los últimos meses, la autoridad
minera aceptó todos los argumentos de
CMSA, se amedrentó frente a la posibilidad de que la compañía abandonara la
mina, y aceptó que el Estado asumiera los riesgos empresariales de Cerro
Matoso, manteniendo el carácter privado de las ganancias.
El
dúo Renjifo–García también sucumbió a la retórica del coro gremial minero: la
minería genera empleo, impuestos, regalías, trae crecimiento, bienestar y
prosperidad. Nada de esto han visto ni por asomo los habitantes de Monte Líbano
y sus alrededores en 30 años de operación.
Trampa
en los precios de transferencia
Según
la parte interesada, la viabilidad de la mina depende de introducir una nueva y
costosa tecnología para el tratamiento de minerales de bajo tenor, mediante un
proceso de lixiviación.
En
el resumen ejecutivo de un documento
enviado por CMSA el 30 de agosto de 2012 al Ministerio de Minas y Energía
(MME), esta compañía informa que BHP Billiton y CMSA tienen “el conocimiento
único y de punta en la industria del níquel para el procesamiento de
lixiviación en pila”.
De
manera que cuando el otrosí autoriza a CMSA para subcontratar el procesamiento
de mineral mediante lixiviación con vinculados económicos, están hablando de
incorporar a otra empresa del mismo grupo BHP Billiton, para operar la nueva
planta, que además se pretende construir en una zona franca.
La
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha llamado la
atención durante varias décadas sobre actividades entre vinculados económicos, por ser esta una práctica deshonesta de las
multinacionales: estas compañías maximizan sus ganancias reduciendo los
impuestos y regalías a pagar, mediante el manejo amañado de los costos
operativos entre vinculados, que las autoridades locales no pueden vigilar.
Los
estudios de precios que la compañía deberá presentar para demostrar que opera a
precios de mercado es un saludo a la bandera, pues precisamente son muy pocas
en el mundo las compañías especializadas en lixiviación del níquel.
Les
dieron caramelos
El
ministro de Minas, Federico Renjifo, y la presidenta de la Agencia Nacional de
Minerales, Maria Constanza García, alardean acerca del monto de las
compensaciones y del alza en las regalías pactadas con CMSA.
Si
bien la compañía se compromete a pagar de inmediato una prima de contratación
por 20 millones de dólares, otros 20 millones de dólares dependerán de
decisiones propias de la compañía para elevar la capacidad de procesamiento de
minerales.
También
tendrá efecto inmediato un alza de un punto en las regalías — de 12 a 13 por
ciento — pero el aumento de otro punto adicional queda sujeto a la expansión de
la capacidad de procesamiento de la planta.
En
suma, varios de los “logros”, económicos pactados dependen de decisiones
internas de la compañía y son por ahora meras expectativas.
Pero
ese punto adicional de las regalías, que compensa el canon de arrendamiento de
los bienes e inmuebles de Cerro Matoso que debían revertir al Estado el pasado
1º de octubre, no ingresará al Sistema General de Regalías (SGR), sino que al
convertirse en una compensación, se
distribuirá entre un 55 por ciento para la Corporación del Valle del Sinú y el
San Jorge (CVS), y lo restante para el departamento y los municipios
productores y portuarios.
El
otrosí transfirió alegremente unos ingresos que le pertenecían a todos los
colombianos a través del SGR, a una Corporación que ha sido una entidad
prácticamente al servicio de la multinacional.
A
propósito de las regalías, nada se acordó con relación al hierro, un mineral
que se exporta en aleación con el níquel (ferroníquel) y que desaparece del
mapa una vez sale de puerto colombiano. ¿Sabe la autoridad minera cuál es el
destino del hierro? No basta con que digan que lo separan del níquel y lo
desechan. ¿No deberían también pagar regalías por el hierro?
Tampoco
se dijo nada del hallazgo de la Contraloría General de la República con
respecto a unas regalías mal liquidadas por CMSA en el periodo 1998- 2003 y
cuyo monto asciende a unos 62.000 millones de pesos. ¿El no pago de las
obligaciones contractuales no es causal de terminación del contrato?
Un
mal chiste
Las
partes acordaron una inversión social regional de 10 millones de dólares hasta
diciembre de 2016 y CMSA invertirá en programas sociales el 1 por ciento de sus
utilidades antes de impuestos, o 2,5 millones de dólares (unos 4.400 millones
de pesos) si las utilidades fueran inferiores a esta cifra.
La
inversión de 10 millones dólares es lo mínimo que podría hacer esta compañía
para compensar las externalidades negativas causadas por la operación: no es un
favor, es su obligación.
Con
respecto a la inversión de unos 4.400 millones de pesos anuales en responsabilidad social — el aspecto más destacado y
publicitado por el ministro Renjifo y la señora García — no pasa de ser un mal
chiste.
El
Resumen Ejecutivo enviado el 30 de
agosto de 2012 por CMSA al MME dice: “En 30 años, CMSA ha hecho una gran
inversión social… cifra que en los últimos cinco años ascendió a más de 44.000
millones de pesos”, es decir, 8.800 millones anuales. Más del doble
de lo que ahora anuncian con bombos y platillos para financiar programas
sociales en la zona de influencia.
Agregan
que estos recursos van a ser ejecutados por la misma empresa o por sus
fundaciones. La empresa no tiene capacidad para desarrollar estos programas,
nunca lo ha hecho, por lo que serán ejecutados a través de sus fundaciones.
Estas
donaciones serán descontadas después de la renta gravable de CMSA, haciendo uso de un beneficio que ofrece el
“equitativo” estatuto tributario del ministro Mauricio Cárdenas.
Mount
Lebanon
Resulta
confusa y vaga la cláusula que obliga a esta compañía a cumplir con sus
obligaciones ambientales:
·
En
primer lugar, no es competencia del Ministerio de Minas determinar los
requisitos y condiciones ambientales de CMSA, pues para ello existe el
Ministerio de Ambiente y la ANLA;
·
En
segundo lugar, la vaguedad de la redacción busca que la empresa siga utilizando
una licencia ambiental de 1981 para continuar operando, desconociendo lo
señalado y exigido por la ley 99 de 1993 y sus desarrollos hasta la fecha.
Dice
el fallo del Consejo de Estado que es
“un deber constitucional del gobierno velar por que el contrato, en sus nuevos
términos, guarde armonía con los modernos estándares de la legislación minera y
ambiental, y proteja eficazmente el patrimonio de la Nación”.
El
dúo dinámico se saltó el concepto del Consejo de Estado en lo ambiental y lo
minero. Por ejemplo, Ingeominas aprobó en 2005 una reforma integral a los
contratos 866 y 1727, para que se rigieran por la ley 685 de 2001. Pero al
suscribir el otrosí #4, se olvidaron de ello y los trataron como los viejos contratos de los años sesenta.
El
otrosí aprobó un canon de 5 dólares por hectárea / año, es decir, unos 8.000
pesos al cambio actual, monto ostensiblemente inferior al establecido por la
ley 1382 de 2010 (que reformó temporalmente la ley 685 de 2001), y que para el
caso de CMSA habría sido de 29.475 pesos por hectárea / año. ¿No se produjo un
detrimento patrimonial? Ojalá la Contraloría tome cartas en el asunto.
No
se establecieron obligaciones para la devolución de área, se prorrogó hasta el
2020 el periodo de exploración — este debe ser el único contrato en el mundo
que dispone de 21 años para explorar: de 1999 al 2020—, penaliza a los
funcionarios públicos que entreguen información sobre Cerro Matoso acudiendo a
normas derogadas y amarra el incremento de varias de las obligaciones
económicas al Consumer Price Index All
Urban Consumer de ¡Estados Unidos!
¿Habrá
confundido la autoridad minera a Mount Lebanon en el Estado de Nueva York con
el municipio de Montelibano en Córdoba, Colombia? En algunos años, ese índice
de precios es negativo, es decir, que cuando eso ocurra el gobierno no sólo no
recibirá nada en compensación por los bienes que han debido revertir, sino que
de pronto vamos a tener que pagarle a CMSA por su uso. Lindo negocio.
* Director
de Colombia Punto Medio.
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