Woumainpaa
Wajira, febrero 11 de 2013
LAS ORGANIZACIONES SUTSUIN JIYEYU WAYUU- FUERZA DE MUJERES WAYUU, ASOCIACION DE NEGROS CIMARRONES NATIVOS DESCENDIENTES DE PATILLA, JUNTA PRE.REUBICACION DE TABACO, ASOCIACION DE NEGROS CIMARRONES DE LA COMNIDAD DE LAS CASITAS, ASOCIACION PRO-DEFENSA NATIVOS Y DESCENDIENTES DESPLAZADOS DEL CASERIO DE ROCHE “ASOROCHEROS”, ASOCIASION DE USUARIOS CAMPESINOS, EL RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE PROVINCIAL, RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE EL ZAHINO, HACE UN LLAMADO A LA OPINION PUBLICA, ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES LA EMERGENCIA SANITARIA POR SALUBRIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA A ºCUENTA DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL CERREJON:
Unimos
nuestras voces de solidaridad al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL CARBON-SINTRACARBON, de la empresa multinacional CERREJON, de
propiedad de las multinacionales Anglo American, BHP Billiton y
Xstrata-Glencore.
La guajira por más 25 años ha tenido que sufrir de manera inclemente los impactos de la minería a cielo abierto de explotación de carbón en nuestros territorios, sufrimiento que siempre ha escapado a la mirada de los gobiernos que uno tras otro han negociado y entregado los bienes naturales, económicos y culturales de nuestros territorios.
Nuestras
comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, lentamente y de manera
sistemática han venido siendo despojados de sus territorios, asfixiados por la
contaminación de la explotación carbonífera, socialmente fraccionados y han ido
perdiendo cualquier esperanza de vida digna en este pedazo de tierra que es
nuestra Madre. En este contexto, es donde por más de 25 años un pueblo valiente
y orgulloso se ha mantenido bajo la amenaza de quienes vienen de tierras y
mares lejanos a expropiarnos de lo nuestro bajo la mirada permisiva de un
Estado ineficiente e irresponsable con sus ciudadanos.
A nuestros
hermanos trabajadores, mano de obra barata de la empresa explotadora, hombres y
mujeres de SINTRACARBON, hoy más que nunca hacemos nuestros sus pliegos, con la
esperanza de que el pueblo Guajiro y toda Colombia también se sume y entienda
que nuestro pliego de peticiones debe ser el mismo de todos y todas entre todos
y todas, DEFENDER LA MADRE TIERRA, CUIDAR EL AGUA, MANTENER LA DIGNIDAD Y RESPETAR
LA VIDA. MINERIA=MISERIA, y de eso lo vemos claramente en nuestra tierra,
nuestro pueblo wayuu y todo el pueblo Guajiro.
• Al Estado
colombiano y a su gobierno, no se construye PAZ bajo el dominio económico
transnacional, bajo la inequidad social, bajo la violación de los derechos
fundamentales, bajo la desterritorializacion, no se construye PAZ de rodillas
dobladas ante las economías depredadoras. La PAZ en Colombia solo será posible
cuando los cambios sean estructurales y cuando la democracia sea real y
participativa de la mano de los ciudadanos y ciudadanas y cuando los sectores
menos favorecidos se sientan escuchados atendidos y lo más importante incluidos
en las soluciones.
• A los
medios de comunicación estatales y privados hacemos un llamado a la
imparcialidad y a la responsabilidad, porque cuando la parcialización afecta e
interviene en el derecho a la información afecta el derecho a la verdad y a la
vida.
Denunciamos:
Todas las condiciones de mala salud que se oculta en la Guajira y que la población no conoce como consecuencia de la explotación de carbón en el Cerrejon: • La salud de toda la población Guajira ubicada a menos de 5Km de la zona de explotación y transporte del carbón, está siendo severamente afectada; de acuerdos a estudios de expertos en el tema, la constante exposición a los residuos de carbón se vincula de manera clara y concreta al aumento de cáncer de pulmón, tiroides, hígado, cerebro, estomago, Colón, cuello uterino, etc. y mutaciones genéticas. A más de 25 años de presencia de la empresa Cerrejón estas afectaciones comienzan a aflorar en nuestra población y hay un desconocimiento u omisión de las entidades prestadoras del servicio de salud, no existe un mecanismo de monitoreo que dé cuenta de estas afectaciones, que son reales y están presente en nuestras vidas, todo esto de la mano de la manipulación de la empresa Cerrejón en materia de resultado en temas ambientales y de salubridad. • Más de 13 mil empleados y más del 60% de ellos en condiciones laborales desiguales y lo que es peor, quienes se atreven a defender sus derechos son amenazados y asesinados, en nuestro país la historia de aniquilación a los sindicatos no es una historia para repetir. • Más de 12 mil Hectáreas de Bosque seco Tropical destruidas en una región semidesértica como lo es la Guajira. • Más de 10 ojos de agua destruidos por la explotación minera. • Más de 15 comunidades desaparecidas, despojadas de sus tierras y condenadas a la pobreza y al desplazamiento permanente por causa de la explotación y expansión de la región minera
Más de 150
comunidades wayuu sobre el tramo de la línea férrea expuestas a padecer serias
y graves afectaciones a su salud.
Exigimos en una sola voz y de manera contundente: Al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, escúchenos Sr presidente así como escucha a las empresas Multinacionales con las cuales negocia y concesiona nuestros territorios, sin consentimiento ni consulta previa, causando amargas penas como desplazamientos, discriminación, perdida de nuestras culturas, masacres, despojos, aumentando con ello los factores y causas de nuestro exterminio y genocidio. Recuerde por favor que usted y toda su estructura de gobierno deben ser antes que nada responsable de nuestros derechos, que ese es su mandato constitucional en un país que se reconoce como Estado Social de Derecho, y esa protección debe hacerse incluso de las empresas transnacionales que explotan y usurpan nuestro territorio y nuestro recurso dejando un saldo de muerte y miseria en nuestra región. Escuche la voz de pueblo colombiano, de pueblo Guajiro, del Pueblo Wayuu, escuche la voz de los trabajadores, escuche a las comunidades Afrodescendientes despojadas de su tierras, escuche a los campesinos de la región a quienes se les ha cambiado el uso de la tierra, escuche, a las mujeres que tan altamente han sido impactadas de manera distinta por la explotación de los recursos naturales y el desangramiento de la Madre Tierra, escuche y no se siga haciendo el de oídos sordos. Hoy se conoce del grave estado de salud de más de 700 empleados afectados por enfermedades producidos por las partículas de carbón, se imagina cuantas personas más que no están en las estadísticas se encuentran en las mismas condiciones y cuantas más han muerto por la alta contaminación que esta mina genera en nuestro medio ambiente? • A los Entes de Control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, es urgente que se atienda y se dé respuesta urgente a la Acción Popular interpuesta en el 2010 para efectos de responsabilidades e irregularidades por parte de la empresa CERREJON en ocasión del daño a la salud y el medio ambiente en la zona de explotación. Que se ordene de manera URGENTE una investigación al respecto. A los organismos Nacionales e Internaciones, defender los derechos no debe ser motivo para perderlos, defendamos la vida, la Dignidad y el Territorio. Ni en un Milímetro más del Territorio Colombiano al interés transnacional, No más concesiones de nuestros territorios. |
martes, 12 de febrero de 2013
COMUNIDADES INDIGENAS WAYUU Y AFROS CON SINTRACARBON
sábado, 26 de enero de 2013
¿En vilo concesión en el Tayrona?
Por: Viviana Londoño Calle
Tutela instaurada por Clara López busca tumbar contrato con Aviatur, debido a que el Gobierno no hizo consulta previa con los indígenas.
Por estos días,
justo cuando los reflectores están puestos en el Parque Nacional Tayrona
por los intentos de Arrecifes S.A. y la multinacional hotelera Six
Senses de obtener la luz verde para un proyecto turístico en la zona
protegida y, sin duda, por la cuestionada licencia ambiental otorgada al
proyecto Los Ciruelos, ubicado también en el parque, una nueva polémica
sale a la luz pública. Se trata de una tutela instaurada por la
presidenta del Polo Democrático, Clara López, y la Fundación Misión
Colombia en contra de Parques Nacionales a propósito de la concesión
entregada en 2005 a la Unión Temporal Concesión Tayrona.
La
demanda, que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, busca que dicha concesión para el préstamo de los servicios
ecoturísticos, la dotación, el mantenimiento y la construcción de la
infraestructura física del parque, quede sin ningún efecto.
Los
motivos en los que se basa la petición se resumen en que Parques
Nacionales no hizo la consulta previa con las comunidades indígenas
kogui, arhuaca, wiwa y kankuama, antes de entregar la concesión. El
documento recalca que “las comunidades indígenas de la zona no fueron
tenidas en cuenta, como si no existieran”. Aunque no hay un resguardo
como tal, en el Parque Tayrona viven actualmente alrededor de 6.000
familias, y cerca de 40.000 indígenas de las cuatro etnias llegan a lo
largo del año al lugar para hacer diferentes rituales, lo que explica
por qué debían opinar al respecto, como señala el abogado Alejandro
Arias, quien también participó en la demanda. Según el Decreto 2164 de
1995, los sitios en los que las comunidades realizan actividades
sociales, económicas y culturales también son consideradas como
territorios indígenas.
La historia de la concesión
En
la década de los 80 el Gobierno construyó 14 pequeñas cabañas (ecohabs)
en la zona de Cañaveral del parque, en donde se alojaron los turistas,
pagándole directamente al Estado hasta 2005. Ese año, el Gobierno
decidió entregar en concesión los servicios turísticos (incluida una
zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla) y la Unión
Temporal Concesión Tayrona —cuyo socio mayoritario es Aviatur— se quedó
con el contrato.
Esa es
precisamente la acción para la que se debió tener en cuenta a los
indígenas, debido a que “se daba paso a la explotación comercial del
parque”, como explica Arias. En temporada alta, al Tayrona pueden entrar
más de 5.000 turistas por día, y en los últimos seis años esta
concesión ha representado para Parques Nacionales ingresos por casi
$6.300 millones. De hecho, como lo publicó El Espectador en octubre de
2012, es la única concesión rentable para sus administradores. En
Gorgona, Amacayacu y Nevados, los concesionarios le han pedido a Parques
Nacionales cancelar los contratos, aduciendo constantes pérdidas.
Aunque
el contrato del Tayrona va hasta julio de 2015, el alto tribunal tendrá
que analizar si lo deja sin efecto, como se pide en la demanda. Al
cierre de esta edición, Parques Nacionales analizaba la información que
tendrá que entregarle al tribunal el próximo lunes para que proceda a
revisar si se faltó a la ley. Su directora, Julia Miranda, prefiere no
pronunciarse hasta entonces. En el Ministerio del Interior también
estudian la información.
Quien sí
se expresó fue el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo,
insistiendo en que nunca han desconocido los derechos de los indígenas y
que éstos no tienen restricciones para circular por el área
concesionada: “No pagan derechos de ingreso al Parque y son siempre
bienvenidos”.
El Espectador
consultó a expertos en derecho ambiental que coincidieron en que era
necesario hacer la consulta. Gloria Amparo Rodríguez, directora de la
especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, lo
explica así: “Cualquier tipo de decisión administrativa o legislativa
que afecte directamente a los pueblos indígenas y sus territorios tiene
que ser consultada, y ésta era una decisión administrativa”.
Al
final de cuentas, será la justicia administrativa la que determine si
se violó o no la ley. Al respecto, Bessudo no parece muy preocupado:
“Respetamos la tutela y acataremos cualquier decisión. Si tenemos que
devolver la concesión, lo vamos a hacer”. Pero en juego está nada más y
nada menos que la concesión en parques más rentable para Aviatur.
Dirección web fuente 
viernes, 25 de enero de 2013
Revista Ecojugando número 1. Editorial: la defensa del bien común
El Instituto Ecojugando,
comprometido con la naturaleza, la recreación y la cultura, entrega a
todos ustedes la primera edición de nuestra revista (clic aquí para descargar);
una publicación con sentido crítico, social y actual. Estamos
interesados en conocer sus opiniones y sugerencias. Muchas gracias por
estar con nosotros, a continuación nuestro primer editorial.
LA DEFENSA DEL BIEN COMÚN
Todo ser humano desea progresar,
esto es un componente esencial de nuestra naturaleza, con miras a ése
objetivo cada persona se prepara académicamente, perfecciona sus
habilidades, trabaja y compite con sus semejantes en la pugna permanente
de la vida.
Sin embargo en esta dinámica
puede suceder que en la búsqueda del beneficio personal se olvide la
necesidad de defender también lo que nos beneficia a todos; el progreso
es una construcción integral del bienestar, que junto al desarrollo
técnico involucra la protección de la naturaleza, el perfeccionamiento
de la educación y el esfuerzo ciudadano por establecer un sistema social
cada vez más justo.
Ahí radica la necesidad de que la
ciudadanía entera permanezca unida entorno a las ideas y actividades
que ayudan construir una nación cada vez más fuerte, como la que por
estos días empieza a gestarse en Valledupar, el Comité Cívico por la
Defensa de Emdupar, constituido el pasado 19 de diciembre en el
auditorio de ADUCESAR por una amplia diversidad de sectores sociales
como ambientalistas, sindicatos, ligas de usuarios, juntas de acción
comunal y partidos políticos de izquierda, centro y derecha.
El fin de esta iniciativa
ciudadana será lograr que Emdupar sea conservada como un patrimonio
público, pues en este momento las acciones del alcalde Freddy Socarrás
han ido encaminadas hacia su privatización, un proceso nebuloso que ha
incluido la modificación express de sus estatutos (a puerta cerrada) y
del que ni siquiera el Concejo Municipal ha tenido conocimiento abierto y
a tiempo, como lo manifestó su Presidente José Santos Castro, durante
la asamblea constitutiva del comité.
Resulta triste ver como en los
últimos 25 años las empresas estatales de orden nacional, departamental y
municipal, han pasado por un proceso de liquidación que sólo ha
beneficiado a los monopolios que las han adquirido a menos precio del
que tienen en realidad, todo en nombre de la apertura económica y la
libre empresa.
La idea de que el capital privado
participe en las empresas de servicios públicos puede ser provechosa
para la sociedad, pero ¿por qué a costa de lo que millones de ciudadanos
han construido a partir de sus impuestos? Si quieren participar del
negocio que inviertan en infraestructura y construyan redes de energía,
telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado ¿por qué tiene que
entregarse el patrimonio público, el poder estatal y la planificación
económica a cambio de unos pocos centavos?
Por último y en coincidencia a la
privatización de Emdupar, empieza a barajarse nuevamente la
construcción de la represa Los Besotes, una necesidad para Valledupar y
su área metropolitana desde hace muchos años, principalmente en materia
de suministro de agua potable, distritos de riego y generación
eléctrica; sin embargo el lado oscuro de este asunto ya se deja ver, con
intereses privados sedientos de su operación, pero con el municipio endeudado para su construcción.
La educación, la salud, la ética
pública, los derechos laborales, la vivienda digna y los servicios
públicos son causas sociales que necesitan la participación de todos
para ser una realidad, el Comité Cívico por la Defensa de Emdupar es una
muestra de ello, apoyarlo es tarea de todos, adelante.
JOSE LUIS ROPERO DE LA HOZ
Director Instituto Ecojugando
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Director Instituto Ecojugando
miércoles, 23 de enero de 2013
Cerro Matoso: se entregó la mina en lamentables condiciones
Un análisis cuidadoso del acuerdo entre
el gobierno y la minera revela que se cedió en todo: hoy la mina pasa al
control total e indefinido de una multinacional ventajosa y oportunista, en
condiciones lamentables para el Estado.
Álvaro Pardo /
Director Colombia Punto Medio *
Se
entregó la mina
En
medio del bombardeo publicitario de las últimas semanas, la autoridad minera se
esforzó por destacar como un gran logro el compromiso de inversión social
consignado en el acuerdo de prórroga del contrato de Cerro Matoso.
Pero
una lectura tranquila del documento revela que el gobierno nacional entregó su
única mina de níquel en condiciones lamentables, prácticamente a perpetuidad,
asumiendo los riesgos empresariales que en derecho debía asumir la
multinacional.
Pese
al concepto del Consejo de Estado — que avaló la inclusión de dos contratos de
concesión en uno de aporte — en la memoria de muchos persistirán las dudas
jurídicas respecto de un abuso del derecho que, bajo la mirada complaciente de
una autoridad improvisada, permitió a esta poderosa multinacional mantener el
control de un recurso natural no renovable, estratégico, escaso en el país y en
el mundo… y fundamental para la industria moderna.
Prórroga
infinita
BHP
Billiton y las autoridades tuvieron que hacer verdaderas maromas jurídicas para
lograr en medio del mayor sigilo incorporar
los contratos de concesión 866 y 1727 al contrato de aporte 051 de 1996.
Próximo
al vencimiento del contrato 866 y 1727 en el semestre pasado, el país presenció
un debate en el que se expresaron la crítica de un sector del Congreso, el
rechazo de la comunidad, autoridades locales y diversas organizaciones
sociales, las advertencias de la Contraloría General, pero también la defensa a
ultranza de la autoridad minera por los “derechos adquiridos” por Cerro Matoso
S.A. (CMSA).
Y
como quienes a media noche se reúnen a escondidas para repartirse un botín, la
autoridad minera anunció el 28 de diciembre el otrosí Nº4 al contrato 051/96,
que permite a la minera explotar los yacimientos — no ya hasta el 2044, como
eran sus intenciones — sino hasta el infinito, gracias a “que podrán convenirse
nuevas prórrogas, la primera por un término de 20 años, en los términos y
condiciones que se acuerden en el momento”.
Los
argumentos de la parte interesada para lograr las mejores condiciones en el
nuevo contrato consistieron en destacar la pérdida de competitividad del
yacimiento debido a la declinación natural del tenor del mineral, el
agotamiento natural del mineral de mayor tenor y el riesgo de que el contrato
051/96 terminara antes de tiempo por falta de inversiones, si no se acordaban
prórrogas adicionales.
En
el debate del año pasado en la Comisión Quinta del Senado, el entonces ministro
de minas, Mauricio Cárdenas, dijo que el Ministerio disponía de estudios
confiables que confirmaban la caída del tenor del níquel. Cuando le fue
solicitada una copia del documento, Cárdenas entregó un “estudio” de dos
páginas donde se repetían los argumentos de la multinacional. Si estos
“estudios” fueron la base de la renegociación… ¡ vergüenza para Colombia!
Salpicón
express
Las
partes tomaron los aspectos que más convenían de diversas normas mineras para
elaborar un documento que sólo tiene un beneficiario: CMSA. El otrosí incluye normas del decreto 2655 de
1988 (sin vigencia), y de las leyes 141 de 1994, 685 de 2001 y 1382 de 2010.
Pero cuando lo necesitaron, optaron por acudir de una vez a la facultad que
tienen las partes en los contratos de aporte minero para negociar libremente y
sin restricciones.
Excepto
un estudio oficial que se hubiese realizado en los últimos meses, la autoridad
minera aceptó todos los argumentos de
CMSA, se amedrentó frente a la posibilidad de que la compañía abandonara la
mina, y aceptó que el Estado asumiera los riesgos empresariales de Cerro
Matoso, manteniendo el carácter privado de las ganancias.
El
dúo Renjifo–García también sucumbió a la retórica del coro gremial minero: la
minería genera empleo, impuestos, regalías, trae crecimiento, bienestar y
prosperidad. Nada de esto han visto ni por asomo los habitantes de Monte Líbano
y sus alrededores en 30 años de operación.
Trampa
en los precios de transferencia
Según
la parte interesada, la viabilidad de la mina depende de introducir una nueva y
costosa tecnología para el tratamiento de minerales de bajo tenor, mediante un
proceso de lixiviación.
En
el resumen ejecutivo de un documento
enviado por CMSA el 30 de agosto de 2012 al Ministerio de Minas y Energía
(MME), esta compañía informa que BHP Billiton y CMSA tienen “el conocimiento
único y de punta en la industria del níquel para el procesamiento de
lixiviación en pila”.
De
manera que cuando el otrosí autoriza a CMSA para subcontratar el procesamiento
de mineral mediante lixiviación con vinculados económicos, están hablando de
incorporar a otra empresa del mismo grupo BHP Billiton, para operar la nueva
planta, que además se pretende construir en una zona franca.
La
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha llamado la
atención durante varias décadas sobre actividades entre vinculados económicos, por ser esta una práctica deshonesta de las
multinacionales: estas compañías maximizan sus ganancias reduciendo los
impuestos y regalías a pagar, mediante el manejo amañado de los costos
operativos entre vinculados, que las autoridades locales no pueden vigilar.
Los
estudios de precios que la compañía deberá presentar para demostrar que opera a
precios de mercado es un saludo a la bandera, pues precisamente son muy pocas
en el mundo las compañías especializadas en lixiviación del níquel.
Les
dieron caramelos
El
ministro de Minas, Federico Renjifo, y la presidenta de la Agencia Nacional de
Minerales, Maria Constanza García, alardean acerca del monto de las
compensaciones y del alza en las regalías pactadas con CMSA.
Si
bien la compañía se compromete a pagar de inmediato una prima de contratación
por 20 millones de dólares, otros 20 millones de dólares dependerán de
decisiones propias de la compañía para elevar la capacidad de procesamiento de
minerales.
También
tendrá efecto inmediato un alza de un punto en las regalías — de 12 a 13 por
ciento — pero el aumento de otro punto adicional queda sujeto a la expansión de
la capacidad de procesamiento de la planta.
En
suma, varios de los “logros”, económicos pactados dependen de decisiones
internas de la compañía y son por ahora meras expectativas.
Pero
ese punto adicional de las regalías, que compensa el canon de arrendamiento de
los bienes e inmuebles de Cerro Matoso que debían revertir al Estado el pasado
1º de octubre, no ingresará al Sistema General de Regalías (SGR), sino que al
convertirse en una compensación, se
distribuirá entre un 55 por ciento para la Corporación del Valle del Sinú y el
San Jorge (CVS), y lo restante para el departamento y los municipios
productores y portuarios.
El
otrosí transfirió alegremente unos ingresos que le pertenecían a todos los
colombianos a través del SGR, a una Corporación que ha sido una entidad
prácticamente al servicio de la multinacional.
A
propósito de las regalías, nada se acordó con relación al hierro, un mineral
que se exporta en aleación con el níquel (ferroníquel) y que desaparece del
mapa una vez sale de puerto colombiano. ¿Sabe la autoridad minera cuál es el
destino del hierro? No basta con que digan que lo separan del níquel y lo
desechan. ¿No deberían también pagar regalías por el hierro?
Tampoco
se dijo nada del hallazgo de la Contraloría General de la República con
respecto a unas regalías mal liquidadas por CMSA en el periodo 1998- 2003 y
cuyo monto asciende a unos 62.000 millones de pesos. ¿El no pago de las
obligaciones contractuales no es causal de terminación del contrato?
Un
mal chiste
Las
partes acordaron una inversión social regional de 10 millones de dólares hasta
diciembre de 2016 y CMSA invertirá en programas sociales el 1 por ciento de sus
utilidades antes de impuestos, o 2,5 millones de dólares (unos 4.400 millones
de pesos) si las utilidades fueran inferiores a esta cifra.
La
inversión de 10 millones dólares es lo mínimo que podría hacer esta compañía
para compensar las externalidades negativas causadas por la operación: no es un
favor, es su obligación.
Con
respecto a la inversión de unos 4.400 millones de pesos anuales en responsabilidad social — el aspecto más destacado y
publicitado por el ministro Renjifo y la señora García — no pasa de ser un mal
chiste.
El
Resumen Ejecutivo enviado el 30 de
agosto de 2012 por CMSA al MME dice: “En 30 años, CMSA ha hecho una gran
inversión social… cifra que en los últimos cinco años ascendió a más de 44.000
millones de pesos”, es decir, 8.800 millones anuales. Más del doble
de lo que ahora anuncian con bombos y platillos para financiar programas
sociales en la zona de influencia.
Agregan
que estos recursos van a ser ejecutados por la misma empresa o por sus
fundaciones. La empresa no tiene capacidad para desarrollar estos programas,
nunca lo ha hecho, por lo que serán ejecutados a través de sus fundaciones.
Estas
donaciones serán descontadas después de la renta gravable de CMSA, haciendo uso de un beneficio que ofrece el
“equitativo” estatuto tributario del ministro Mauricio Cárdenas.
Mount
Lebanon
Resulta
confusa y vaga la cláusula que obliga a esta compañía a cumplir con sus
obligaciones ambientales:
·
En
primer lugar, no es competencia del Ministerio de Minas determinar los
requisitos y condiciones ambientales de CMSA, pues para ello existe el
Ministerio de Ambiente y la ANLA;
·
En
segundo lugar, la vaguedad de la redacción busca que la empresa siga utilizando
una licencia ambiental de 1981 para continuar operando, desconociendo lo
señalado y exigido por la ley 99 de 1993 y sus desarrollos hasta la fecha.
Dice
el fallo del Consejo de Estado que es
“un deber constitucional del gobierno velar por que el contrato, en sus nuevos
términos, guarde armonía con los modernos estándares de la legislación minera y
ambiental, y proteja eficazmente el patrimonio de la Nación”.
El
dúo dinámico se saltó el concepto del Consejo de Estado en lo ambiental y lo
minero. Por ejemplo, Ingeominas aprobó en 2005 una reforma integral a los
contratos 866 y 1727, para que se rigieran por la ley 685 de 2001. Pero al
suscribir el otrosí #4, se olvidaron de ello y los trataron como los viejos contratos de los años sesenta.
El
otrosí aprobó un canon de 5 dólares por hectárea / año, es decir, unos 8.000
pesos al cambio actual, monto ostensiblemente inferior al establecido por la
ley 1382 de 2010 (que reformó temporalmente la ley 685 de 2001), y que para el
caso de CMSA habría sido de 29.475 pesos por hectárea / año. ¿No se produjo un
detrimento patrimonial? Ojalá la Contraloría tome cartas en el asunto.
No
se establecieron obligaciones para la devolución de área, se prorrogó hasta el
2020 el periodo de exploración — este debe ser el único contrato en el mundo
que dispone de 21 años para explorar: de 1999 al 2020—, penaliza a los
funcionarios públicos que entreguen información sobre Cerro Matoso acudiendo a
normas derogadas y amarra el incremento de varias de las obligaciones
económicas al Consumer Price Index All
Urban Consumer de ¡Estados Unidos!
¿Habrá
confundido la autoridad minera a Mount Lebanon en el Estado de Nueva York con
el municipio de Montelibano en Córdoba, Colombia? En algunos años, ese índice
de precios es negativo, es decir, que cuando eso ocurra el gobierno no sólo no
recibirá nada en compensación por los bienes que han debido revertir, sino que
de pronto vamos a tener que pagarle a CMSA por su uso. Lindo negocio.
* Director
de Colombia Punto Medio.
domingo, 13 de enero de 2013
De Santurbán al Tayrona
Por: Alfredo Molano Bravo
La creación del Parque Natural Regional en el páramo de Santurbán con 11.800 hectáreas es un triunfo neto del movimiento cívico y ambientalista contra las pretensiones de las multinacionales auríferas —Aux Gold, Eco Oro Minerals Corp, Leyhat Colombia, Galway Resources, Calvista Gold Corporation, Auro Resources Corp, Cb Gold, Continental Gold, Cvs Explorations— que han considerado de su propiedad todo el macizo.
Como les está dando la gana hacer a las empresas de los Dávila, los Solano y los Bessudo en el Tayrona. ¿Qué podría pensarse si en el Parque Nacional Olaya Herrera se decidiera construir, en el sitio donde está el reloj suizo, un hotel para que se alojaran los altos ejecutivos de Ecopetrol o de Pacific Rubiales? Se me dirá que la analogía es traída de las mechas, y lo es, sin que ello impida ver lo que se juega con ese fuego desde varios ángulos sobre el parque Tayrona. La cuestión es simple: las construcciones turísticas que se están proyectando —tanto como la ya existente— limitan el goce público de un bien público, a favor de unos pocos. El mismo caso de Santurbán. Al Tayrona le tienen puesto el ojo —con sobrada razón— las empresas mundiales de turismo, y si no defendemos ese patrimonio ambiental, terminaremos siendo excluidos de esas zonas. El proyecto de Los Ciruelos le hinca el diente a un bosque seco tropical, el único que queda en el país. El Ministerio de Medio Ambiente hizo severas advertencias a la Agencia de Licencias Ambientales, pese a que el gobierno de Uribe había autorizado las construcciones hoteleras. La recién creada Agencia está a cargo de la doctora Luz Helena Sarmiento, quien trabajó con la empresa explotadora del Cerrejón. En La Guajira se le conoce como la mano derecha de las grandes mineras. ¿Qué se podrá esperar ahora de sus conceptos y decisiones ambientales? El ministro de Medio Ambiente tiene por ahora la palabra y la Corte Constitucional la última. Permitir despresar el Parque Tayrona, la joya ambiental del país, es permitir entrar a saco a los demás parques.
miércoles, 9 de enero de 2013
Sí Hay con Qué, las Cifras lo Dicen
COMISION NEGOCIADORA SINTRACARBON,COMUNICADO N° 22
En el desarrollo de este proceso de negociación, la compañía Carbones del Cerrejón, propiedad de tres grandes multinacionales (BHP Billiton, Angloamerican y Xstrata-Glencore), ha manejado un discurso contradictorio. Por una parte, difunde a los cuatro vientos su buen momento en cuanto a la superación de sus metas de producción y exportación de carbón para 2012; y por la otra, ante sus trabajadores - los verdaderos responsables de ese buen momento - maneja un argumento repetitivo y lastimero, casi de quiebra, que lo materializa con una avara oferta ante las peticiones justas que se le presentaron desde el 29 de noviembre pasado y que discutiremos hasta el día 19 de este mes.
Bien ha dicho Cerrejón, que en 2012 tenía planeado producir 33.3 millones de toneladas de carbón y llegamos a 34.6, es decir, un 4% más. Asimismo, su plan era exportar 32 millones de toneladas y logró enviar al mundo 800 mil más. Pero el asunto no se queda allí, ya que continúa con su proyecto de expansión (el P40), para elevar su producción a 40 millones de toneladas en apenas 2 años y con una inversión de 1.300 millones de dólares. Si bien reconoce que todo esto es “gracias al trabajo y la constancia de sus colaboradores”, parece que sus planes con nosotros, los obreros, se reduce a palmaditas en la espalda sin una justa distribución de las utilidades entre quienes generamos ese incremento productivo. Es decir, que le produzcamos más para que los dueños ganen más, pero que a la casa solo llevemos diplomas y medallitas, mientras crece nuestra problemática en salud, educación, ascensos, insolvencia y prestaciones económicas.
Que ponga las metas que quiera, su fuerza laboral se le mide. Pero acompañado de incremento en beneficios sustanciales en lo laboral, lo económico y lo social porque sabemos que hay con qué. Ésta compañía multinacional está entre las más grandes e importantes del país. Actualmente ocupa el puesto 18° entre las más grandes en inversiones, el 6º en ventas o ingresos operacionales y es la 3° en cuanto a utilidades o ganancias netas. En la minería del carbón, Cerrejón es la segunda en inversiones después de la Drummond, y la primera en ingresos operacionales y utilidades netas.
Según datos oficiales más recientes, las inversiones de la empresa o el activo total, presentaron un crecimiento en un solo año del 24.52%. Igualmente, su utilidad neta ascendió al 37.8%. La rentabilidad de Carbones del Cerrejón, según los expertos, es envidiable, ya que ascendió al 25.51% mientras que el promedio del sector, subió solo al 6.1%.
Por cada 100 pesos que le ingresan a Cerrejón, la empresa se gasta 53 en costos de producción y de estos, para cubrir la totalidad de los costos laborales destina apenas 6.50 pesos, incluyendo salarios, prestaciones, beneficios convencionales, seguridad social, cesantías y parafiscales. En otras palabras, si la intención es reducir costos y gastos, la compañía tiene un amplio panorama de donde puede echar mano, distinto al de su población trabajadora.
Todas estas cifras, dan cuenta entonces de la solidez financiera de esta multinacional. No en vano, sus accionistas planean invertir en ella 1.300 millones de dólares. No se entiende entonces que con esa solidez, Cerrejón, sin ruborizarse, presente a consideración de sus trabajadores dejar los beneficios convencionales tal como están, con apenas una indexación en los criterios económicos del 2.44% (en algunos puntos, para el trabajador el incremento es solo 2 mil pesos) y en salarios, del 3.44% para 2013. Muy lejos, lo hemos dicho, del aumento que nos hemos ganado al lograr superar las metas corporativas e, incluso, muy lejos de los aumentos que nos merecemos y nos hemos ganado tradicionalmente en convenciones pasadas.
Hoy, luego de haber discutido por 29 días y a escasos 11 de la terminación de la etapa de arreglo directo, las posibilidades de terminar en un acuerdo negociado se ven lejanas. Los trabajadores no aceptaremos, en ningún caso, que los dueños de esta empresa aumenten sus ganancias a costa de nuestro sudor y sin una justa compensación. Con este panorama tan crudo, se presenta la situación de hoy, sin asomo de convenio en punto alguno, como si fuera el primer día de conversaciones. Es hora entonces, de que vayamos teniendo conciencia de lo que significamos para Cerrejón y qué camino debemos tomar después del cercano 19 de enero. Lo que ha de ser, que sea.
Siempre adelante… Ni un paso atrás.
Barranquilla, 8 de enero de 2013.
COMISIÓN NEGOCIADORA
En el desarrollo de este proceso de negociación, la compañía Carbones del Cerrejón, propiedad de tres grandes multinacionales (BHP Billiton, Angloamerican y Xstrata-Glencore), ha manejado un discurso contradictorio. Por una parte, difunde a los cuatro vientos su buen momento en cuanto a la superación de sus metas de producción y exportación de carbón para 2012; y por la otra, ante sus trabajadores - los verdaderos responsables de ese buen momento - maneja un argumento repetitivo y lastimero, casi de quiebra, que lo materializa con una avara oferta ante las peticiones justas que se le presentaron desde el 29 de noviembre pasado y que discutiremos hasta el día 19 de este mes.
Bien ha dicho Cerrejón, que en 2012 tenía planeado producir 33.3 millones de toneladas de carbón y llegamos a 34.6, es decir, un 4% más. Asimismo, su plan era exportar 32 millones de toneladas y logró enviar al mundo 800 mil más. Pero el asunto no se queda allí, ya que continúa con su proyecto de expansión (el P40), para elevar su producción a 40 millones de toneladas en apenas 2 años y con una inversión de 1.300 millones de dólares. Si bien reconoce que todo esto es “gracias al trabajo y la constancia de sus colaboradores”, parece que sus planes con nosotros, los obreros, se reduce a palmaditas en la espalda sin una justa distribución de las utilidades entre quienes generamos ese incremento productivo. Es decir, que le produzcamos más para que los dueños ganen más, pero que a la casa solo llevemos diplomas y medallitas, mientras crece nuestra problemática en salud, educación, ascensos, insolvencia y prestaciones económicas.
Que ponga las metas que quiera, su fuerza laboral se le mide. Pero acompañado de incremento en beneficios sustanciales en lo laboral, lo económico y lo social porque sabemos que hay con qué. Ésta compañía multinacional está entre las más grandes e importantes del país. Actualmente ocupa el puesto 18° entre las más grandes en inversiones, el 6º en ventas o ingresos operacionales y es la 3° en cuanto a utilidades o ganancias netas. En la minería del carbón, Cerrejón es la segunda en inversiones después de la Drummond, y la primera en ingresos operacionales y utilidades netas.
Según datos oficiales más recientes, las inversiones de la empresa o el activo total, presentaron un crecimiento en un solo año del 24.52%. Igualmente, su utilidad neta ascendió al 37.8%. La rentabilidad de Carbones del Cerrejón, según los expertos, es envidiable, ya que ascendió al 25.51% mientras que el promedio del sector, subió solo al 6.1%.
Por cada 100 pesos que le ingresan a Cerrejón, la empresa se gasta 53 en costos de producción y de estos, para cubrir la totalidad de los costos laborales destina apenas 6.50 pesos, incluyendo salarios, prestaciones, beneficios convencionales, seguridad social, cesantías y parafiscales. En otras palabras, si la intención es reducir costos y gastos, la compañía tiene un amplio panorama de donde puede echar mano, distinto al de su población trabajadora.
Todas estas cifras, dan cuenta entonces de la solidez financiera de esta multinacional. No en vano, sus accionistas planean invertir en ella 1.300 millones de dólares. No se entiende entonces que con esa solidez, Cerrejón, sin ruborizarse, presente a consideración de sus trabajadores dejar los beneficios convencionales tal como están, con apenas una indexación en los criterios económicos del 2.44% (en algunos puntos, para el trabajador el incremento es solo 2 mil pesos) y en salarios, del 3.44% para 2013. Muy lejos, lo hemos dicho, del aumento que nos hemos ganado al lograr superar las metas corporativas e, incluso, muy lejos de los aumentos que nos merecemos y nos hemos ganado tradicionalmente en convenciones pasadas.
Hoy, luego de haber discutido por 29 días y a escasos 11 de la terminación de la etapa de arreglo directo, las posibilidades de terminar en un acuerdo negociado se ven lejanas. Los trabajadores no aceptaremos, en ningún caso, que los dueños de esta empresa aumenten sus ganancias a costa de nuestro sudor y sin una justa compensación. Con este panorama tan crudo, se presenta la situación de hoy, sin asomo de convenio en punto alguno, como si fuera el primer día de conversaciones. Es hora entonces, de que vayamos teniendo conciencia de lo que significamos para Cerrejón y qué camino debemos tomar después del cercano 19 de enero. Lo que ha de ser, que sea.
Siempre adelante… Ni un paso atrás.
Barranquilla, 8 de enero de 2013.
COMISIÓN NEGOCIADORA
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