Por: Viviana Londoño Calle
Tutela instaurada por Clara López busca tumbar contrato con Aviatur, debido a que el Gobierno no hizo consulta previa con los indígenas.
Por estos días,
justo cuando los reflectores están puestos en el Parque Nacional Tayrona
por los intentos de Arrecifes S.A. y la multinacional hotelera Six
Senses de obtener la luz verde para un proyecto turístico en la zona
protegida y, sin duda, por la cuestionada licencia ambiental otorgada al
proyecto Los Ciruelos, ubicado también en el parque, una nueva polémica
sale a la luz pública. Se trata de una tutela instaurada por la
presidenta del Polo Democrático, Clara López, y la Fundación Misión
Colombia en contra de Parques Nacionales a propósito de la concesión
entregada en 2005 a la Unión Temporal Concesión Tayrona.
La
demanda, que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, busca que dicha concesión para el préstamo de los servicios
ecoturísticos, la dotación, el mantenimiento y la construcción de la
infraestructura física del parque, quede sin ningún efecto.
Los
motivos en los que se basa la petición se resumen en que Parques
Nacionales no hizo la consulta previa con las comunidades indígenas
kogui, arhuaca, wiwa y kankuama, antes de entregar la concesión. El
documento recalca que “las comunidades indígenas de la zona no fueron
tenidas en cuenta, como si no existieran”. Aunque no hay un resguardo
como tal, en el Parque Tayrona viven actualmente alrededor de 6.000
familias, y cerca de 40.000 indígenas de las cuatro etnias llegan a lo
largo del año al lugar para hacer diferentes rituales, lo que explica
por qué debían opinar al respecto, como señala el abogado Alejandro
Arias, quien también participó en la demanda. Según el Decreto 2164 de
1995, los sitios en los que las comunidades realizan actividades
sociales, económicas y culturales también son consideradas como
territorios indígenas.
La historia de la concesión
En
la década de los 80 el Gobierno construyó 14 pequeñas cabañas (ecohabs)
en la zona de Cañaveral del parque, en donde se alojaron los turistas,
pagándole directamente al Estado hasta 2005. Ese año, el Gobierno
decidió entregar en concesión los servicios turísticos (incluida una
zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla) y la Unión
Temporal Concesión Tayrona —cuyo socio mayoritario es Aviatur— se quedó
con el contrato.
Esa es
precisamente la acción para la que se debió tener en cuenta a los
indígenas, debido a que “se daba paso a la explotación comercial del
parque”, como explica Arias. En temporada alta, al Tayrona pueden entrar
más de 5.000 turistas por día, y en los últimos seis años esta
concesión ha representado para Parques Nacionales ingresos por casi
$6.300 millones. De hecho, como lo publicó El Espectador en octubre de
2012, es la única concesión rentable para sus administradores. En
Gorgona, Amacayacu y Nevados, los concesionarios le han pedido a Parques
Nacionales cancelar los contratos, aduciendo constantes pérdidas.
Aunque
el contrato del Tayrona va hasta julio de 2015, el alto tribunal tendrá
que analizar si lo deja sin efecto, como se pide en la demanda. Al
cierre de esta edición, Parques Nacionales analizaba la información que
tendrá que entregarle al tribunal el próximo lunes para que proceda a
revisar si se faltó a la ley. Su directora, Julia Miranda, prefiere no
pronunciarse hasta entonces. En el Ministerio del Interior también
estudian la información.
Quien sí
se expresó fue el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo,
insistiendo en que nunca han desconocido los derechos de los indígenas y
que éstos no tienen restricciones para circular por el área
concesionada: “No pagan derechos de ingreso al Parque y son siempre
bienvenidos”.
El Espectador
consultó a expertos en derecho ambiental que coincidieron en que era
necesario hacer la consulta. Gloria Amparo Rodríguez, directora de la
especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, lo
explica así: “Cualquier tipo de decisión administrativa o legislativa
que afecte directamente a los pueblos indígenas y sus territorios tiene
que ser consultada, y ésta era una decisión administrativa”.
Al
final de cuentas, será la justicia administrativa la que determine si
se violó o no la ley. Al respecto, Bessudo no parece muy preocupado:
“Respetamos la tutela y acataremos cualquier decisión. Si tenemos que
devolver la concesión, lo vamos a hacer”. Pero en juego está nada más y
nada menos que la concesión en parques más rentable para Aviatur.
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