La consulta previa

Por: Tatiana Acevedo Guerrero

El neoliberalismo no debe ser representado como un sombrero que lo abarca todo en América Latina, pues las políticas neoliberales no se usaron de manera uniforme ni sistemática en toda la región. Aunque desigual, hubo un período de privatización y desregulación en que varios países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, reestructuraron sus funciones económicas y sociales, produciendo nuevas regulaciones. En Colombia el proceso de reestructuración estatal fue promovido y supervisado no sólo por instituciones multilaterales como el Banco Mundial, sino también por agencias de ayuda bilateral como la USAID.

En este sentido, y siguiendo las pautas de buen gobierno con un Plan Colombia muy financiado y un mercado abierto, distintos gobiernos subcontrataron servicios y funciones a asociaciones público-privadas, organizaciones privadas y no gubernamentales. La descentralización, bajo los gobiernos de Pastrana y Uribe (de fumigación intensa hecha por contratistas extranjeros y apertura de grandes minas), resultó paradójica, pues algunas regiones y barrios estaban bajo el control y a merced, sin mucha regulación, de misiones y contratistas extranjeros.

Si bien con el empuje a la descentralización los gobiernos locales ganaron el control formal de los recursos y las elecciones políticas, también debían operar dentro de un contexto bien particular. Actores locales adicionales como las empresas transnacionales, la ayuda multilateral y militar o las instituciones crediticias tenían más músculo en términos de fondos y relaciones con Bogotá. En concreto, ejercían mucha más influencia. Aunque las comunidades locales pueden tener más oportunidades para participar en un sentido formal, su gama de opciones y, en consecuencia, su poder de elección ha estado restringido y predeterminado en gran medida por empresas, caridades, militares y organizaciones de todo tipo. Paradójicamente, los procesos de descentralización produjeron espacios controlados por grupos armados y actores internacionales.

La minería transnacional en Colombia es un ejemplo de este proceso: aunque la Constitución colombiana de 1991 implica políticas de descentralización que otorgan a los municipios un poder formal, en las regiones con minas las empresas transnacionales tienen el poder efectivo. Esto pese a la consulta previa. La Constitución introdujo el reconocimiento como pueblo a las comunidades indígenas y les abrió la puerta a la autodeterminación como derecho. Pese a la ley y la puesta en marcha de todo un aparato alrededor de la consulta, se siguieron otorgando cuantiosas concesiones a transnacionales dentro de los territorios de los pueblos indígenas.

Investigaciones que muestran el limitado alcance de la consulta, desde los 90, han sido publicadas en los últimos años. En 2015 Figuera Vargas y Ariza Lascarro pusieron en duda, tras una investigación de archivo, la existencia de un verdadero pluralismo jurídico que garantice el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. En 2014, Mena Valencia y Cuesta Hinestroza concluyeron que la consulta previa no era un medio apropiado para proteger los derechos constitucionales de las comunidades negras en el proceso de concesión de licencias ambientales en Chocó.

En el 2011 Rodríguez concluyó, tras un trabajo de archivo desde 1991, que tanto en las decisiones ejecutivas como en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, “se notaba un marcado desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos”. Los procedimientos de consulta previa, afirmó, “no han sido los más adecuados y no se ha tenido presente que la consulta previa debe realizarse teniendo en cuenta la representación y la autoridad de las comunidades”.

Aun así, tras el boom minero y la hora loca del petróleo (que acabó hace no más de cinco años), muchos colombianos sienten que la consulta se salió de madre. Y que grupos étnicos “se aprovecharon de la ley”. Esto tiene que ver con que los obstáculos atravesados por la consulta previa a mineras, hidroeléctricas y funcionarios ambientales siempre parecieron un regalo. Un favor a los indígenas que, al demorarse y negociar y dividirse (y todos los bemoles que implican la acción colectiva) estaban siendo “desagradecidos”. Lo que es un derecho fue considerado una deferencia.

 El Espectador, Com