Como desalojaron a los habitantes de la comunidad de tabaco en La Guajira.

jueves, 29 de septiembre de 2011

DECLARACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA




 Después de evaluar los resultados de la jornada nacional de protesta protagonizada por mineros artesanales, pequeños y medianos en diversas ciudades del país, la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONAMINERCOL) ha producido la siguiente declaración:

 La jornada nacional de protesta de los mineros fue un completo éxito. Se llevaron a cabo movilizaciones en Neiva (Huila); Puerto Inírida (Guainía); Sutatausa (Cundinamarca); Armenia (Quindío); Marmato (Caldas); Popayán (Cauca); Mocoa (Putumayo); Medellín, Zaragoza, Amalfi, El Bagre y Caucasia (Antioquia). Participaron cerca de 50.000 mineros en los diversos actos y se logró una amplia difusión a través de los medios de comunicación.
 El lunes 26 en reunión con el Vice-presidente de la República se había entregado al Gobierno Nacional un pliego de peticiones que en resumen exige: reactivar el proceso de formalización y retirar el calificativo de ilegales con que se ha venido estigmatizando la actividad minera; pronunciamiento público del gobierno reconociendo que no somos ilegales; ordenar a las ARP el cumplimiento de la ley, permitiendo la afiliación de los trabajadores de las explotaciones mineras; suspender los operativos policiales contra la actividad minera y el desmonte del proyecto de creación de la Agencia Nacional Minera.
 La jornada nacional de protesta, cuya naturaleza nunca incluyó la celebración de paros o de actos violentos, se llevó a cabo de manera exitosa, masiva y civilizada. Los disturbios ocurridos al final de la jornada y en el día de hoy en el municipio de Caucasia, fueron protagonizados por sectores de la población no afiliados a CONAMINERCOL como una reacción violenta a la imprudencia y actitud autoritaria de la policía, la que cuando cargó contra la concentración minera, produjo la muerte por un paro cardio-respiratorio a una mujer no participante de la protesta por la inhalación de gases lacrimógenos.
 Deploramos el asesinato del compañero Leocadio Tuirán, Presidente de la Asociación de Mineros de Puerto López, corregimiento del municipio del Bagre, en momentos en que se dirigía a la concentración. Exigimos de las autoridades una rápida y eficaz investigación que determine el origen del crimen y aclare si tuvo relación con la participación del compañero en la actividad de protesta.
 Los disturbios que aún hoy persisten en Caucasia, a nuestro juicio, se han presentado por una explosiva mezcla de factores, entre los que se cuenta la imprudencia del ESMAD, el pavoroso abandono del Estado a esta población y en la rabia acumulada durante años por muchos pobladores de ese municipio por tantos atropellos, incluidos los que se han cometido contra los mineros. Sin embargo declaramos expresamente que estos no han sido organizados, promovidos, autorizados o instigados por la Confederación, la cual los desautoriza y rechaza expresamente.
 Es evidente que se está despertando una conciencia profunda entre pequeños y medianos mineros acerca de la necesidad de promover la movilización ciudadana para presionar el cambio de la política minera del Gobierno y la cada vez mayor decisión de no asistir pasivos a la eliminación de la actividad económica que les permite sobrevivir dignamente. Esperamos que las autoridades tomen atenta nota de esta nueva actitud de los ciudadanos colombianos dedicados a la extracción de minerales.
 Destacamos el acuerdo logrado con la Gobernación de Antioquia, consistente en el establecimiento de una mesa de concertación, el compromiso del gobernador de producir una declaración pública que exprese la distinción entre minería informal e ilegal y de promover la celebración de contratos de operación entre poseedores de títulos y mineros de hecho a través de la Secretaría de Minas y esperamos que el gobierno nacional inicie rápidamente la negociación del petitorio entregado al Vice-presidente.
Al mismo tiempo, anunciamos desde ya, la preparación de una nueva jornada nacional para el próximo mes, esta vez en una mayor cantidad de localidades y con la participación de más mineros.
Medellín, septiembre 29 de 2011
RAMIRO RESTREPO GUERRERO
Presidente.
VICENTE JIMÉNEZ CUELLO
Tesorero.
DIANA MÉNDEZ
Secretaria.
LUZ ESTELA RAMÍREZ GUEVARA
Directora Ejecutiva.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Para maltratar a sus trabajadores, Pacific Rubiales viola la soberanía y las leyes de Colombia




Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate de Comisión Quinta sobre Pacific Rubiales, 17 de agosto de 2001.

Lo que revelan las fotografías: camarotes y cambuches peores que los de las cárceles y carreteras intransitables. Se trata de trabajadores y no de antisociales. Pacific Rubiales bloqueó carreteras públicas en el Meta. ¿Enclave colonial donde Rubiales ejerce plena soberanía? Pacific Rubiales coarta los derechos sindicales. El Polo es partidario de relaciones civilizadas con el capital extranjero. El problema de fondo es el sistema de contratistas, ideado para rebajar los salarios. No se cumple la jornada laboral. Pacific Rubiales le impone a la comunidad relaciones inaceptables. Mínima higiene en los campamentos y otras peticiones elementales, más del siglo XIX que del XXI. Cortés Vargas, el de la masacre de las Bananeras, también declaró a los trabajadores “cuadrilla de malhechores”. Jornadas hasta de 63 horas semanales. En Pacific Rubiales, Ecopetrol y la ANH regalaron un patrimonio de la nación. Insólito: el próximo contrato en Rubiales viene con 0% de participación para el Estado y regalías escalonadas. La Pacific le suministra al Estado colombiano las cifras que se le da la gana. ¿Al conflicto laboral se le va a dar un tratamiento de conflicto laboral o criminal? El acuerdo Obama-Santos, una farsa.
El debate versa sobre la situación laboral en Pacific Rubiales. Voy a abundar en información al respecto, porque resulta clave que el país sepa lo qué está pasando y que el gobierno nos diga si va a asumir una actitud de resolver la actual contradicción como un conflicto económico y social o la va a convertir en un caso de policía o de ejército, incluso. Qué tipo de relación es la que se va a establecer entre los trabajadores y las empresas en Colombia, es en buena medida el fondo de este debate. Porque las contradicciones son obvias. Siempre habrá contradicciones entre los patronos y los trabajadores. El problema es cómo se tramitan, si de manera civilizada o mediante el abuso de la fuerza y la brutalidad en contra de quien en la práctica es la parte débil de la ecuación.
Lo que revelan las fotografías
Ver presentación en http://bit.ly/oSqJWd)
Antes de entrar en el tema, quiero mostrar unas fotografías de algunos hechos que acaban de ilustrar lo que allí está pasando y cómo se le está mintiendo al país. Este es el Campo Rubiales, ahí está el letrero y estas son las camionetas de la empresa. No las olviden. Esta segunda foto muestra una parte de las instalaciones donde están los trabajadores, esas son unas carpas y creo que esos son unos cambuches. Se trata de unos campos, recordémoslo, que quedan lejísimos, a 180 kilómetros de Puerto Gaitán, y los trabajadores tienen que pernoctar allí durante tiempos largos, hasta de 40 días, de modo que la empresa debe ofrecer unas condiciones mínimas de habitabilidad. Este, el tipo de cambuche en el que se aloja a los trabajadores. Aquí, un cambuche por dentro. Miren ustedes cómo son las camas y los camarotes, miren la distancia que hay entre una y otra, e imagínense las condiciones de un cambuche de estos en un territorio donde ya al aire libre hacen temperaturas infernales. En muchas ocasiones son cambuches con camarotes de cama caliente, que llaman, pues para usted poderse acostar tiene que levantar a otro. Ni siquiera hay la garantía de que haya camarotes para todos y las condiciones son inferiores a las de las cárceles de Colombia. Otra foto. Este es el tipo de instalación sanitaria (ni siquiera tiene enchape con baldosín sanitario). ¿Usted se alcanza a imaginar, ministro, el calibre de los microbios y bacterias que puede haber dentro de esa especie de letrina a la que están sometidos durante semanas los trabajadores, un tipo de instalación para el que el agua no alcanza?
Las carreteras (la foto muestra una vía con una tractomula varada en un profundo barrizal), otro de los problemas graves, porque hay conflicto con los trabajadores, pero también, y cada vez más grave, con las comunidades. Es una zona de agricultores, de ganaderos, de gentes en diversas actividades a quienes se viene atropellando de mil maneras. Miren las condiciones de una de las carreteras por las que transita el trabajador cuando intenta ir a su casa a ver a su mujer y a sus hijos. Sabe cuándo sale pero no cuándo va a llegar a descansar.
Otra foto. Las empresas, sobre todo Pacific Rubiales, se han empeñado en aducir que aquí no hay un conflicto laboral, sino unos antisociales que andan encapuchados provocando desórdenes. Doctor Gutiérrez, sería bueno que Ecopetrol, que como bien lo aclararon los trabajadores, es socia de Pacific Rubiales, trasnacional canadiense, nos dijera a los colombianos si es verdad que ahí hay trabajadores y contradicciones laborales o de lo que se trata es de unos antisociales dedicados al crimen. Bueno, en la foto aparecen trabajadores de JM, una empresa de contratistas de Cepcolsa, una trasnacional española. En esta foto van los antisociales, como los ha llamado la empresa, en un desfile de protesta por las calles de Puerto Gaitán exigiendo que les atiendan sus peticiones laborales. Cuando los dirigentes de la USO lograron casi que de milagro llegar a Rubiales una vez iniciado el cese de actividades, que estalló espontáneamente por cuenta de trabajadores de Rubiales, al sindicato no lo dejaron entrar. Otra. Aquí tenemos al vicepresidente del sindicato, a Germán Osman (que estaba en ese momento en la sesión de la Comisión Quinta), el antisocial que según Rubiales les está hablando a un poco de encapuchados (no hay ni un encapuchado en la foto). Pero observen que aquí de lo que se trata es de trabajadores comunes y corrientes, pobres, sí, señores canadienses de Rubiales, pero honrados, dignos y con todo el derecho de ser respetados y no maltratados, como ustedes lo vienen haciendo. Otra expresión de la protesta que se estaba realizando después de meses y meses de solicitudes, peticiones y cartas que clamaban por atención, y estalló, insisto, de manera espontánea.
Otra. Este es uno de los casos más escandalosos, ministro, y quisiera que usted se refiriera a él de manera precisa en su intervención. Esta es una carretera pública, y les llamo la atención a los colombianos que algún día vean el debate por televisión. Pues bien, el mismo día que estalló el conflicto, cuando Pacific Rubiales supo que cuatro dirigentes de la USO habían decidido trasladarse por su cuenta y riesgo desde Puerto Gaitán hasta el campo a ver qué era lo que pasaba, decidió bloquear con sus camionetas una vía que es pública, y miren el calibre del trancón que se armó. Es una vía pública, repito. Los canadienses imponiendo la justicia, dirán ellos, como se les da la gana, ministro y presidente de Ecopetrol, y eso solo debería dar para rescindir el contrato con sus socios. Si este tipo de conductas se hacen en público y a la luz del día, qué no harán los capataces de Rubiales con los trabajadores que tienen encerrados en esa especie de campo de concentración, cuando nadie los ve y cuando nadie puede controvertirles. Pero aquí hay algo peor y el detalle es importante. Observen este punto aquí. ¿Quiénes son los que están mirando? Las tropas del ejército de Colombia. Ministro, ¿esto qué es? El ejército de Colombia observando impávido mientras el capital extranjero cierra una vía pública porque se le da la gana. Esta es la placa de la camioneta.
Esto otro ocurrió el 5 de agosto (días después del caso anterior), cuando Rubiales cerró otra vía pública, esta vez ya no con camionetas sino con toneladas de piedra. Es la barbarie, señor presidente de Ecopetrol, la barbarie, señor ministro. Con un agravante para ellos. Con la misión de la USO que intentó hacerse presente a cumplir sus derechos constitucionales, porque en Colombia no es un crimen ser sindicalista, o por lo menos es lo que se supone, iba el señor Red Dumitt, representante en Colombia de la AFL-CIO, la principal central obrera norteamericana. O sea, hay un testigo distinto de los trabajadores de la USO que puede certificar lo que hizo Pacific Rubiales para impedir que unos colombianos, acompañados de un ciudadano democrático de Estados Unidos, cumplieran con lo que ellos consideran sus derechos sindicales. Si esto es lo que está ocurriendo allá a la vista, señora viceministra del Trabajo, podemos imaginarnos lo que sucede cuando no hay testigos. Otra foto (aparece un trabajador parado al rayo del sol en una carretera y protegiéndose la cara y los pulmones con una especie de capucha y lentes). Estos son los famosos encapuchados de los cuales habla Pacific Rubiales. Este es un trabajador de Pacific Rubiales y esta, una carretera que, según el médico de Puerto Gaitán, puede levantar en verano polveros de hasta un kilómetro de altura. Y ese pobre compatriota tiene que estar parado ahí todo el día. Se cubre entonces hasta donde puede a ver si no los matan el polvero y el sol, y las desgracias y la mala alimentación y el cambuche y la letrina. Y es la prueba que esgrimen los señores de Pacific Rubiales para hacer creer a la opinión pública que allí lo que hay son delincuentes.
Relaciones civilizadas con el extranjero
Intentemos explicar el asunto. Empiezo aclarando que no soy enemigo de la inversión extranjera, porque sobre esto hay una cantaleta contra el Polo. Si sobre alguien se miente en Colombia de manera sistemática, es sobre el Polo. Ustedes no encontrarán una sola declaración ni del Polo ni mía que afirme que en Colombia no puede haber capital foráneo o que no debemos relacionarnos con los extranjeros. Tampoco lo ha hecho nunca el sindicato de trabajadores del petróleo. Lo que hemos dicho es que esas relaciones deben ser civilizadas, democráticas, respetuosas de la soberanía nacional, y que hay negocios buenos y negocios malos, y que los malos es mejor no hacerlos. A la hora del balance, preguntamos: ¿cuánto pagan de regalías, cómo son las condiciones laborales, cumplen con el Código Sustantivo del Trabajo, pagan los impuestos que deben pagar, destruyen o no el medio ambiente? Cuando uno entonces se atreve a cuestionar, le replican: es que usted es enemigo de que Colombia se relacione con el extranjero. No, lo que pasa es que estamos pidiendo relaciones no de ese grado de indignidad que estamos viendo aquí. En el caso personal mío, tengo incluso a alguien muy cercano, de mi familia política, que es ciudadano canadiense. Cada vez que puedo viajo al exterior y me siento muy bien en todas partes, ese no es el problema. Lo que no se puede aceptar es que los consorcios foráneos vengan a hacer aquí lo que se les dé la gana como si estuviéramos en los días de la Colonia española. Esa es en buena medida la discusión que estamos haciendo.
Ya lo mencionaron aquí los trabajadores (dirigentes sindicales de la USO acababan de hablar en la Comisión). Son luchas que en buena medida estallan casi que solas, porque entre otras cosas, nunca han permitido que los trabajadores se asocien. Lo que se da es entonces un poco la expresión de la desesperación, y las luchas estallan casi que solas. Ahora, ¿cuál es el fondo del asunto? Lo han mencionado pero yo lo quiero subrayar. En Colombia se ha impuesto, señor ministro, y usted lo sabe e incluso el gobierno lo vende en el exterior como una maravilla para atraer el capital extranjero, que con la complicidad del Estado, se montó un Código Laboral calculado para negarles a los trabajadores los derechos que en teoría les ofrece la Constitución. Lo sabe también el presidente de Ecopetrol, porque ustedes lo usan. Es toda una serie de argucias, de trampas, de mañas, de interpretaciones. Se han levantado la teoría de que un obrero trabaja con Pacific Rubiales cinco años o el tiempo que sea y nunca aparece vinculado a Pacific Rubiales, o labora veinte años con Ecopetrol o con cualquier empresa y nunca trabajó con ella, porque siempre le meten un intermediario cuya labor es hacer el trabajo sucio, abusar, maltratar, perseguir, reprimir, para ganarse unos pesos sobre la base de bajarles los salarios a los trabajadores. Ese es el lío y las cifras son elocuentes: Cepcolsa cuenta con 1.880 trabajadores y apenas reconoce como suyos 83, los otros 1.797 no se sabe de quiénes son. Para ganarse la plusvalía y enriquecerse, sí son trabajadores suyos, claro, y se la ganan toda, pero no ya cuando se trata de cumplir con algún deber. Pasan a ser tercerizados, que llamamos. Meta Petroleum, la empresa operadora de los campos de Pacific Rubiales, también socia de Ecopetrol, tiene 12.644 trabajadores y reconoce como suyos apenas 535. Los otros 12.109 son de contratistas o tercerizados o como se llame, pues cada vez se inventan una figura nueva, siempre para negarles a los trabajadores sus derechos, y claro, no puede haber sindicato. Ustedes se imaginan lo que le pasa a un trabajador enfrentado con un capataz en una empresa a 180 kilómetros de Puerto Gaitán, cercada con guardias privados de seguridad, ahora reforzados con la policía y el ejército. ¿Qué tiene de democrática esa relación? El capataz, si se le da la gana, le puede decir al trabajador “dentro de media hora se fue de aquí, se larga” y llama a la seguridad de la empresa y lo saca. Eso es lo que están montando.
¿Entonces qué sucede? Estabilidad laboral cero. Y los trabajadores del mundo luchan por estabilidad laboral, obvio, todos los seres humanos luchamos por contratos que nos den una mínima garantía y que no pueda llegar el patrón a echarlo a uno como un perro. Es una reivindicación de la vida, ministro, usted lucha también por eso para usted y para sus hijos, yo lo hago, todos lo hacemos, pero en Pacific Rubiales no se reconoce.
Jornada laboral, otra lucha de los trabajadores de toda la vida. ¿Se acuerdan ustedes de las grandes huelgas en Estados Unidos por los tres ochos, ocho horas trabajo, ocho horas de estudio, ocho horas de descanso? Aquí, al trabajador que exprese que quiere una jornada de ocho horas, le llaman la policía y el ejército, porque es sospechoso de los peores crímenes. Voy a demostrar, presidente de Ecopetrol y ministro, cómo las normas sobre jornada se violan de la manera más descarada, y quien no se someta es despedido.
Los salarios, ridículamente pequeños frente a los internacionales, lo voy a mencionar también. Y de las condiciones sanitarias, ni hablar. Las vimos en las fotos, y agradezcamos, ministro, que las fotos no huelen, porque usted estaba muy cerca. Esas son las realidades que están viviendo nuestros compatriotas. Camas calientes.
Quiero resumir en términos generales lo de los salarios, para que nos ubiquemos en el negocito que se les vende a los extranjeros. Los salarios que están pagando Cepcolsa y Meta Petroleum equivalen al 9% de lo que gana un trabajador petrolero en Norteamérica. Con respecto a los salarios de Ecopetrol son también muy bajos, y eso que en Ecopetrol hay una serie de garantías no salariales, que por supuesto hacen parte del ingreso y son garantías que no se les dan a estos trabajadores.
Antes de continuar con el caso de los trabajadores, me quiero referir a un punto clave, ya señalado muy bien por la senadora Maritza Martínez, y es el de unas comunidades indígenas a las que están masacrando de mil maneras, sin la menor intervención del Estado, por problemas gravísimos de prostitución y alcoholismo. Pero no son solo los indígenas, a quienes en Colombia normalmente ningún gobierno ha considerado. Es el común de la gente. Están tirando los oleoductos como se les da la gana, imponiéndoles a los finqueros unas relaciones contractuales absolutamente inaceptables. Cuando se aprobó una ley sobre el tema, yo advertí que se buscaba sacrificar a las gentes del común, propietarios de terrenos rurales, para que las petroleras pudieran hacer con sus predios lo que se les diera la gana. Ya ha habido enfrentamientos graves entre los campesinos y los empresarios y el gobierno nacional. El caso de los costos de los fletes, también ya se mencionó aquí. A los arroceros los están quebrando y encima les van a echar el TLC con Estados Unidos.
Los hechos
¿Cuál es la historia? Mencionémosla. El primer caso es el de Cepcolsa, una transnacional española cuya matriz se llama Cepsa, en España, y el pleito fue con una empresa llamada Montajes JM. Son 1.200 trabajadores, que después de pedir y pedir y nunca ser atendidos, decretaron un cese de actividades. Cuál es la primera reacción de Cepcolsa y JM. Suspender el contrato y decirles a los trabajadores: con ustedes no hablamos. Y la segunda decisión que Montajes JM acuerda con Cepcolsa es despedir a 1.100 trabajadores. En una población como Puerto Gaitán, cualquiera puede imaginarse el impacto económico y social de una medida como esta. ¿Y qué quieren? ¿Que los trabajadores, los ciudadanos, las gentes sencillas, vean un horror como este y no digan nada ni hagan nada, ni siquiera salgan a una manifestación ni hagan una marcha ni exijan ningún tipo de solución? Repito, los colombianos del común pueden ser pobres, pero son dignos y hacen valer su dignidad como la hace valer cualquier ser humano. O qué, ¿tenían que aplaudir a los españoles por ese trato que les estaban dando? ¿Eso era lo que había que hacer, ministro? Y cuando los trabajadores reclaman, cuál es la respuesta del gobierno. Mandar el ejército y a la policía y armar un lío de orden público por cuenta del Estado. El presidente Santos dijo en una reunión sobre el tema que aquí no podía haber vías de hecho. ¿Pero quién empieza con las vías de hecho? ¿O es que los trabajadores colombianos no tienen derechos en Colombia, y si reclaman, entonces les cae encima todo el peso de la autoridad, con ejército y policía, a maltratarlos? Y entonces ahí sí se rasgan las vestiduras, porque cómo se ve de mal este conflicto en el extranjero, se van a dañar las inversiones extranjeras y no sé qué más cosas. Y por qué no piensan en todo eso cuando están montando el negocio y atienden bien a esos compatriotas.
Por pura coincidencia, estando reunidos en Bogotá el gobierno nacional, la Vicepresidencia de la República, Cepcolsa y la USO, que aparece después de que el conflicto ha empezado –había podido aparecer antes, lo que pasa es que no la dejaban, porque trabajador al que cojan afiliándose es despedido instantáneamente y si está de malas, le echan encima la policía–, llega la noticia de que los trabajadores de Rubiales habían entrado en cese de actividades reclamando básicamente lo mismo que los de Cepcolsa, peticiones del siglo XIX, ministro y presidente de Ecopetrol. Buena parte de lo que están pidiendo los trabajadores son realidades del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. ¿Qué sucede? Pues como los empresarios de Pacific Rubiales no se avienen a nada ni facilitan las cosas, la USO plantea: vamos hasta el campo y breguemos a conversar a ver cómo se tramita una solución tranquila del conflicto. La empresa se niega. Y al otro día, de madrugada, como lo relataron aquí, aparece el Esmad y reprime brutalmente a los trabajadores. Y hay por supuesto un estrellón.
Hubo un acuerdo entre los trabajadores y Pacific Rubiales. Esto es importante, ministro, usted sabe bien que hubo un acuerdo, y en esto insisto porque Rubiales anda diciendo por ahí que no lo hubo, un acuerdo consistente en no tomar represalias, en conversar a ver qué se podía hacer allí, en un cierto respeto de los contratos, etc. La empresa se niega a cumplir, lo que acaba de agravar la situación, porque lo menos que tiene que haber en unas relaciones civilizadas es que se asuman los compromisos, porque o si no, qué tipo de país se va a montar si dos partes firman un acuerdo y después una de ellas niega que lo haya hecho.
¿Qué dice JM o Cepcolsa? Nosotros no aceptamos peticiones de nada, porque nosotros somos nosotros y nosotros hacemos lo que se nos antoje. Esa fue la respuesta que dieron en una reunión con el Ministerio de Trabajo. Y ya vimos que así procedieron. Suspendieron los contratos, los cancelaron y se acabó el asunto.
Peticiones elementales, más del siglo XIX que del XXI
¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores de Cepcolsa? Y me excusan que de pronto me alargue un poco, pero es que el país tiene que saber cuál es el pleito, porque aquí no pueden seguir los medios de comunicación machacándole al asunto del estrellón sin explicar las causas y sin buscar quién tiene la razón. Primer punto del pliego de peticiones, que no haya represalias como despidos, vetos, exclusiones; que haya respeto con los trabajadores; que la empresa instruya a los capataces y a los administradores para que traten con una actitud digna a los trabajadores; que la empresa saque una circular, increíble, ordenándoles a sus capataces tratar de una manera civilizada a los trabajadores.
La jornada laboral: el Código permite una jornada laboral especial, la de 21-7 que llaman, 21 días continuos de trabajo y 7 de descanso remunerado. ¿Qué piden los trabajadores? Que se cumpla la ley; que se vea qué se hace con esos tiempos larguísimos de desplazamiento a sus hogares que han de hacer los obreros por las condiciones específicas, y que la empresa reconozca que ahí hay un derecho que debe ser atendido. Que se aplique el incremento salarial decretado por el gobierno para el 2011. Que haya viáticos y auxilios de transporte. Que los festivos se paguen con los recargos de ley. Que a salario igual trabajo igual, petición también increíble a estas alturas, y que exista algún tipo de escalafón. Que si a un trabajador lo contrataron para un oficio y lo ponen en otro mejor remunerado, le paguen por el segundo y no por el primero.
Hay un problema grave en Puerto Gaitán y es que a los obreros les roban la plata en las oficinas bancarias adonde van a cobrar la plata. Le piden entonces a la empresa que mire a ver cómo hace para impedirlo.
Miren lo que piden en alojamiento: “La empresa se compromete adecuar las instalaciones de los campamentos en los cuales se encuentra alojados los trabajadores en condiciones de comodidad, aseo, infraestructura e higiene”. Lo que están pidiendo es que haya higiene en los campamentos. “La empresa mantendrá la dotación suficiente de toallas, sábanas, almohadas y kits de aseo, cada campamento contará con una batería de baños en proporción de un baño por cada cuatro trabajadores, en los alojamientos se contará con comedores debidamente adecuados y dotados con un cuarto de televisión, salón de juegos, gimnasio y lavandería”. Esos compatriotas están como en unos campos de concentración, ¿y es mucho pedir un televisor? ¿Pedir algún espacio para recreación?
La empresa entregará a cada trabajador copia del contrato de trabajo cuando se firme, ¿es una petición exorbitante? En los recibos de los pagos deberán constar los ingresos, los días laborados, los sobretiempos, los descuentos, ¿una demanda excesiva? Los salarios se pagarán los 15 y los 30 de cada mes, ¿desmesurado? Si hay trabajadores afiliados a un sindicato, que la empresa les descuente la cuota. Que por supuesto les paguen los días de las asambleas permanentes. Son cosas todas de ley.
En salud ocupacional: que se constituyan comités de salud ocupacional; que haya capacitaciones y recreación según el artículo 21 de la Ley 50; que en campos tan lejanos, haya una ambulancia con un conductor y una enfermera, por si sobreviene un accidente o algún problema, el trabajador tenga alguna posibilidad de sobrevivir; que haya suero antiofídico, en una zona llena de culebras, de las unas y de las otras; y que el suero antiofídico esté en buenas condiciones de preservación; que se afilie a los trabajadores a la seguridad social en salud; que si las EPS remiten a un trabajador fuera de Puerto Gaitán, la empresa ayude a pagar los costos de desplazamiento.
Estabilidad: piden como mínimo contratos de cuatro meses, ni siquiera a término indefinido. Lo que resulta inaudito es que estemos en semejante problema con peticiones como estas, repito, más del siglo XIX que del XXI.
¿Cuáles trabajadores? Yo no tengo trabajadores
El caso de Pacific Rubiales si se quiere es peor, porque ha salido más a luz. Los directivos de Cepcolsa han estado más o menos callados y se les nota menos, se les ve menos el alma. Los de Pacific Rubiales, en cambio, han estado más bien conversadores. Por ejemplo, el pasado 20 de julio, el presidente de Pacific, Ronald Pantín, “reiteró que los manifestantes no eran trabajadores de la empresa”. ¿Cómo puede haber relaciones civilizadas cuando un patrón niega tener trabajadores? Ahora, lo presenta de manera mañosa, porque yo ya he explicado cuál es el truco. Y miren lo que agrega: “Que no va a tomar represalias de carácter laboral contra los empleados que hayan participado en las manifestaciones”. ¿Entonces al fin qué? En el primer renglón dice que los manifestantes, o sea, los de la lucha, no eran trabajadores de la empresa y cinco renglones más allá dice que no va a tomar represalias de carácter laboral contra los empleados que hayan participado en las manifestaciones. Nos trata como estúpidos. Si no eran trabajadores suyos, por qué no va a tomar represalias contra ellos. Y asegura también que nunca han firmado ningún acuerdo laboral, cuando aquí los directivos de la USO tienen un fax que lo desmiente. En seis renglones dos mentiras. Así es bien difícil.
Pero además los de Pacific pagaron un aviso y me voy a detener en él, porque me parece de una gravedad inaudita. Esto solo, señor Ministro y señor presidente de Ecopetrol, los ha debido llevar a ustedes a hacerle un reclamo formal muy duro a esa empresa, porque no se pueden sacar en El Tiempo avisos de este calibre, que pueden conducir a hechos demasiado graves en un país como Colombia. Lo voy a leer con algún detalle, para que vean ustedes cómo está redactado de manera mañosa para transmitir la idea de que no se trata de un conflicto laboral y que lo que hay al frente es una especie de organización criminal. Y así lo está atendiendo el gobierno cuando les mete un batallón dentro de la empresa. Dice la Pacific que “en el día de ayer 18 de julio a las 4 de la mañana se presentó un grupo de cincuenta personas extrañas y ajenas a la compañía bloqueando las vías internas del Campo Rubiales, impidiendo el desplazamiento del personal a sus puestos de trabajo –personas extrañas y ajenas a la compañía, ojo a los adjetivos– (…) Durante el día los trabajadores fueron obligados a cesar sus actividades en contra de su voluntad, violándoseles su derecho al trabajo. Y con amenazas de tomar represalias en caso de no apoyar el cese de actividades”. Y ojo con esto, también inaudito, presidente de Ecopetrol y ministro: “En las horas de la tarde ingresaron dos camionetas blindadas quienes se identificaron como miembros de la USO –ni siquiera eran miembros de la USO, se identificaron como miembros de la USO– con escoltas armados violentando las medidas preventivas de seguridad que ha dispuesto la compañía para proteger a sus empleados”. Sí son blindadas, aclaro, ¿y por qué son blindadas las camionetas de los dirigentes sindicales en Colombia? Pues porque los asesinan, ministro, y si tienen escoltas armadas, son funcionarios del Estado colombiano, pero el señor de Pacific Rubiales nos los presenta como si fueran integrantes de una banda de delincuentes que irrumpió allí. Ahora ya supimos lo que intentaron hacerles para que no entraran. Sigue el comunicado: “Una vez que ingresaron al campo las camionetas blindadas –o sea, todo tenebroso– fueron apareciendo un gran número de personas encapuchadas, instando a realizar actos violentos”. ¿Qué presentación es esta? No voy a seguir leyendo, porque lo publicó El Tiempo. Es la única versión que tiene Colombia de lo que allí pasó.
Pero sigue diciendo que se procedió a intentar un diálogo con los infiltrados, sin llegar a un entendimiento por parte de ellos, que los manifestantes continuaron con los bloqueos y que se tiene conocimiento de que otros grupos ingresaron con armas al campo y procedieron a la toma violenta de las instalaciones. Demasiado grave, ministro, que lo afirme una trasnacional. El texto aparece completo en el periódico El Tiempo. Y después, por supuesto, la consabida demagogia. Pacific Rubiales es una compañía que cumple con todas las normas nacionales e internacionales y que aplica y mantiene una clara política de beneficio y respeto hacia los trabajadores y se ha caracterizado por ofrecerles incentivos que repercutan en su bienestar y en el de sus familias. Entonces lo que sucede es que hay doce mil trabajadores que se volvieron locos y que no reconocen las maravillas de esta satrapía canadiense que maneja a Pacific Rubiales.
Lo rechazo indignado, y mientras haya un senador del Polo Democrático Alternativo en el Congreso de Colombia, esto no va a quedar impune, señor ministro. Pueden hacer lo que quieran, pero aquí no nos van a repetir la dosis que ya padecimos durante la huelga de las bananeras. A mí no se me olvida que el general Cortés Vargas llega a la Zona y lo primero que hace, en la famosa huelga de los trabajadores de banano de Santa Marta contra la United Fruit Company, es declararlos cuadrilla de malhechores. ¿Cuánta distancia hay entre esta aviso de Pacific Rubiales y declararlos cuadrilla de malhechores?
Sin ningún tipo de derechos
Ahora, veamos qué es lo que están planteando los trabajadores de Pacific Rubiales, a ver cuál es la desproporción y dónde está el crimen, y si son o no son reclamos laborales. Denuncian ellos condiciones inhumanas de vida en campamentos y barracas y servicios deficientes, que “el agua no alcanza para que todos los obreros puedan asearse adecuadamente”, que “las baterías sanitarias son insuficientes y el desaseo y calidad de los materiales configuran un escenario de insalubridad que pone en riesgo la salud de los trabajadores”, que “no existe la adecuada privacidad para hacer las necesidades fisiológicas”, que “se duerme en hacinamiento y para el efecto se dispone de carpas grandes donde se ponen camarotes pequeños seguidos el uno del otro, sin ninguna privacidad”, que la mala calidad de colchones y colchonetas no permite un descanso adecuado y ocasiona molestias de salud, que “no hay ventilación para refrescar los ambientes por lo que las emanaciones se concentran generando malos olores e insalubridad”. Ya vimos la foto. En resumen, para los obreros no hay condiciones dignas, para los directivos de la compañía sí. Además, “los contratos de trabajo son precarios, los denominados contratos basura”. Es un reclamo lícito de los trabajadores colombianos, que tienen derecho a contratos respetables. “A los trabajadores no se les da libertad para escoger a qué entidad del régimen de seguridad social afiliarse”. “Los trabajadores no pueden expresar de manera libre sus opiniones sobre el derecho de asociación”. A quien intenta fundar un sindicato lo echan. “El trabajador sale de descanso y no se le cancela apropiadamente”. Se demora muchas veces hasta doce y más horas en llegar a su sitio de trabajo por las condiciones de la vía en los más de 180 kilómetros de Puerto Gaitán a Rubiales. “Las dotaciones de trabajo no se entregan puntualmente y se entregan incompletas”. “El trato de algunos capataces y personal administrativo es degradante”. “La alimentación que se da en los casinos no es suficiente, nutritiva y de buena calidad”. “A las mujeres que laboran en Duflo se las pone a trabajar entre 13 y 14 horas, pero solo se les cancelan 9”. El transporte es inadecuado. “Los buses carecen de aire acondicionado y no tienen el hermetismo necesario para evitar la entrada de polvo, lo cual genera enfermedades respiratorias”. “Los trabajadores llegan a laborar y no encuentran camas desocupadas y deben esperar hasta que quede una”, algo inaudito. Bueno y podríamos seguir.
¿Cómo es el lío de la jornada laboral? Le preguntamos al Ministerio de la Protección Social que cómo era el régimen de jornada laboral en Pacific y no sabe, ni sabe tampoco cómo es el salarial. Le toca entonces a un senador de la República ponerse a averiguar. La empresa dice más o menos lo que quiere, el sindicato da su versión, los trabajadores dan la suya, y el Gobierno no sabe lo que pasa contractualmente allí. Según las informaciones que nos dan los trabajadores, en Cepcolsa hay jornadas semanales hasta de 63 horas, lo que está prohibido, y en Meta Petroleum sucede lo mismo.
Aquí tengo, ministro, los recibos de un trabajador de una de estas empresas subcontratistas de Meta Petroleum. Por razones obvias, no voy a revelar quién es. Se imaginarán cuándo lo vuelven a contratar si damos el nombre, pero bueno, tuvo el valor civil y nos dio los datos. El listado está hecho para mirar principalmente cuántos días seguidos trabaja un operario y recordemos que la ley permite 21 días de trabajo por 7 de descanso remunerado y una jornada que no puede pasar de 11 horas diarias. Empiezo aclarando que a este trabajador no le pagaron ni uno solo de los descansos remunerados, ni uno. Lo que voy a leer aquí son los días seguidos que a este trabajador lo obligaron a laborar. Aquí, 22 días seguidos, aquí 47 días seguidos, y lo máximo permitido es 21, aquí 44 días, aquí 49, aquí 41, aquí 36, aquí 45, aquí 31, aquí 25, aquí 33, y así podríamos seguir, y si usted mira, por ninguna parte aparece el pago de los días de descanso. La ley dice 21 días de trabajo seguidos y 7 de descanso remunerado. Entonces qué es lo que hacen. A los 21 días o más los sacan y no les pagan los 7 días de descanso remunerado y los contratan otra vez a los 15 días o a los 20 o al mes. Y si protestan, se convierten para los de Pacific Rubiales en una especie de malhechores que quieren robarles las utilidades que con tanta honradez se están ganando.
Lo anterior trae implicaciones, ministro y presidente de Ecopetrol, y es que si a un organismo cualquiera se le fuerza a hacer jornadas laborales demasiado duras, la persona se va desgastando y termina muriendo más joven. Un organismo en cierto sentido es como una máquina. Si usted prende un motor y lo pone a trabajar y a trabajar y a trabajar, termina su vida útil más temprano. Es lo que está pasando aquí y no hay quien le ponga cuidado y, por supuesto, en salud ocupacional no hay tampoco nada, porque las condiciones de las ARP, no solo aquí sino también en el carbón, son lamentables.
En contraste, cómo les va a los de Pacific Rubiales. Uno diría, bueno, estas condiciones laborales horribles suelen ser la norma en Colombia en empresas que ya casi se arruinan, pero los de Pacific Rubiales nos refriegan todos los días ellos mismos que mejor no les puede ir, que es la mejor empresa del mundo en cuanto a utilidades, tanto que el año pasado reportaron utilidades netas de más de 200 millones de dólares, y eso que no reportan un dato al que es interesante echarle ojo, ministro, y es la valorización de las acciones, particularmente en el extranjero, que también son ganancias y que no pagan en Colombia ningún tipo de gravamen. Sacaron acciones en la bolsa de Bogotá en diciembre de 2009 y para agosto, en este momento, tienen valorizaciones del 40%, que son utilidades, y en la Bolsa de Toronto se les han valorizado en el mismo lapso en 70%. El negocio de empresitas como Rubiales, porque la verdad, digámoslo con franqueza, es que a escala global Rubiales es una empresita, es en buena medida el de la especulación y el de este tipo de andanzas, viendo a ver cómo le embolatan a un trabajador un vaso de leche, y lo hacen porque la codicia les resulta incontrolable.
Ecopetrol y la ANH regalaron un patrimonio de la nación
Pero me quiero detener en un hecho, y no sé si esté aquí la gente de la Contraloría y la Procuraduría para que le echen una mirada. ¿Cómo fue que Pacific Rubiales se hizo a ese negocio? ¿Cómo fue que Ecopetrol y la ANH organizaron las cosas para regalarles a estos personajes canadienses lo que ha debido ser patrimonio de la nación, por lo menos en proporciones mayores?
Este es un campo cuya capacidad de producción se conoce desde 1983, no a ojo, sino con pozos exploratorios, y se sabe que allá hay 3.000 millones de reservas probadas. ¿Cuál es el problema que tiene el campo? Que es un campo de crudos pesados y todos sabemos que si los precios del petróleo no están bien altos, no se puede comercializar porque la operación no da. En 1987, Ecopetrol firma un contrato de participación en Rubiales, con 60% para Ecopetrol después de regalías de 20%. Ya era curioso que, a sabiendas de que había reservas de tal magnitud, se hubiera firmado ese contrato, aunque uno puede decir, bueno, en esos días no se sabía muy bien qué iba pasar. Pero más adelante se firma otro contrato, el Pirirí, un contrato de asociación, 50% para Ecopetrol después de regalías de 20% y ahí perdió ya el 10% con respecto al negocio anterior. Después, cuando ya está cada vez más claro que el negocio es muy bueno y que los precios van para arriba y que hasta los crudos pesados van a ser un negociazo, se firma otro contrato de asociación, el de Quifa, también dentro del Campo Rubiales, pero ya con 30% para Ecopetrol después de regalías, con un descuento además de 5%, porque son crudos pesados.
Quiero transmitir tres ideas, primera, que allí hay un montón de petróleo, segunda, que el negocio de los crudos pesados es cada vez mejor y tercera, que cada contrato que hace Ecopetrol es peor que el anterior. Es curiosísima la lógica con la que funciona la alta burocracia del Estado colombiano. Suelo hacerme una pregunta. Si así manejan sus negocios privados, los ministros y demás altos funcionarios deben estar de tarro, pidiendo limosna. ¿Y qué se viene? Que van a empezar a sacar petróleo en estos días y anda Rubiales en una alharaca diciendo que fue que se encontraron no sé cuánto más. No, no se lo encontraron, ya se sabía que ahí estaba. Pero miren el contratico que nos anuncian: 0% de participación para el Estado y regalías escalonadas. Ya no estamos ni siquiera en el 30, sino en cero, y andan ahí los de Pacific Rubiales haciéndose lenguas sobre el gran campo que descubrieron. No, no descubrieron nada, repito. Todos los estudios y toda la exploración daban para saber que el crudo estaba ahí. Era cosa entonces de correr el barreno un poquito. Pero lo que denuncio es que el Estado colombiano les regaló a los canadienses su participación. Esto solo debería dar para un debate. Simplemente lo dejo mencionado y es probable que más adelante hagamos un debate con más detalle, porque aquí hay que mirar qué es lo que está pasando con la ANH y averiguar por qué la ANH no privilegia a Ecopetrol si se supone que juegan del mismo lado, si se supone que no nos da lo mismo que la plata se la ganen los canadienses de Pacific Rubiales o que se la gane el Estado colombiano. Es parte del debate sobre la privatización.
Hay un último hecho no menos grave, ministro, que también quiero enfatizar. Yo llevo una cantaleta de no sé cuántos años, seis, siete, denunciando que el Estado colombiano no audita a las trasnacionales ni del carbón ni del petróleo. La Contraloría nos informa que en el caso del carbón a las trasnacionales se les cree por fe, y usa exactamente esa palabra. Las cifras que dan las trasnacionales del petróleo y del carbón se aceptan por fe, ya que en la DIAN no hay un funcionario capaz de mirar sus cuentas, porque ni las entiende. La Contraloría acaba de hacerle una auditoría a este negocio de Pacific Rubiales y qué concluye. Lo mismo. Que estos tipos dan las cifras que se les da la gana, y que ni Ecopetrol ni el Estado colombiano tienen cómo saber si son ciertas o no. Y que las cifras sean ciertas es clave, porque tiene que ver con los impuestos y regalías que deben pagar.
Este es un informe de 2009 y contiene un detalle interesante. Un campo como el de Rubiales puede tener, no sé, 4.000 kilómetros cuadrados, con ciento y pico de pozos, y entre uno y otro puede haber un montón de kilómetros de distancia, hondonadas, subidas, ríos, en fin, y resulta que el Estado colombiano no tiene manera de saber si las cifras que les dan las trasnacionales son ciertas o no con respecto a lo que dicen ellas mismas estar sacando. También este problema seguramente nos va a dar para un debate más completo el día de mañana. Dice entonces la Contraloría en un Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizado al Ministerio de Minas y Energía en 2009, que la cantidad de pozos y su extensión hace que “la presencia del Estado en el control de la producción diaria en cada pozo, es difícil de realizar de manera oportuna y representativa”. Añade más adelante que “el Ministerio de Minas y Energía no realiza un balance volumétrico entre el crudo que se extrae de cada pozo, parte inicial del proceso, y el crudo que se vende ya sea para exportación o refinación, al igual que no existe evidencia de que el Ministerio verifique reportes de crudo despachado y el recibido en la cadena de producción y transporte, a efectos de detectar diferencias que puedan existir entre lo reportado al Ministerio y el reportado al receptor”.
¿Qué está diciendo la Contraloría? Que no se sabe nada. “Este procedimiento se constituiría en una oportunidad de mejora del Ministerio, pues a través del balance volumétrico se pueden despejar las dudas de los entes territoriales sobre el posible “infra-reporte” por parte de las explotadoras de crudo con el fin de evadir el pago de las regalías”. Los municipios vienen diciendo desde hace rato que ellos tienen serias dudas con respecto a las cifras con las que les liquidan las regalías. La Contraloría les está dando la razón a los municipios y agrega: “El Ministerio de Minas y Energía debe contar con datos propios que le permitan confrontar la producción en los campos de hidrocarburos en el país”, de tal manera que se disponga de un sistema confiable de auditoría por parte de la Nación, para que se asegure que los datos de producción son confiables. Estas denuncias las reporta la Contraloría como hallazgos y es una de las partes más dramáticas de las relaciones entre Colombia y las trasnacionales. Parece mentira, senadora Daira Galvis, que en negocios de estos volúmenes, de estos platales, se le crea al socio por fe. Entiendo que por razones religiosas alguien crea cosas por fe, me parece muy respetable, ¿pero en los negocios? Qué tal que a uno le paguen en un banco y no cuente la plata porque hay que creer por fe que le dieron la suma exacta.
Dos cosas más y termino, algo que es ya como la tapa del congolo, como suele decirse. Después de las represiones brutales que hubo contra los trabajadores en Rubiales, porque no fueron atropellos menores los que hizo la Policía, se anuncia en el diario Llano 7 Días, de propiedad de El Tiempo, que el gobierno va a montar dentro del campo el Batallón Número 7 ó Batallón Energético, una unidad táctica cuyo puesto de mando será instalado en el complejo petrolero, incluidos los alojamientos de los militares. Y cuenta muy orondo un coronel, y mejor no digo cómo se llama porque queda muy mal, que se van a alojar en las instalaciones de la Pacific. Agrega la información: “El oficial reveló que los vehículos utilizados por las tropas para realizar los patrullajes y recorridos para la vigilancia serán suministrados por la multinacional canadiense Pacific Rubiales, y que la compañía también pagará los gastos de los combustibles”. ¡Cómo así! Aquí ya no se tiene ni siquiera sentido de la indignidad. Parecido al caso del Bolillo. A muchos les parece que no hay problema, es que el mundo es así. No. ¡Este es el ejército de Colombia operando como si fuera un ejército privado por cuenta de una trasnacional!
Los del Polo no estamos en contra de que haya negocios de petróleo ni negocios con inversionistas extranjeros, eso no es lo que cuestionamos. La discusión es cómo son esos negocios, y tal como están es a mi juicio absolutamente inaceptable. Y aquí el Gobierno va a tener que decidir además, como lo acabaron de plantear los trabajadores, si a este caso se le va a buscar una solución civilizada, razonada, acordada, conversada, en cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la República, o le va a meter la tropa y a dar un tratamiento como si fuera de lucha armada. Es la primera decisión que tiene que tomar el gobierno, ministro. Sí, yo oí cuando en los días del conflicto los trabajadores dijeron que más que un campo petrolero, lo que allí hay es un campo de concentración. Pues bueno, ya con el Ejército adentro, empieza a adquirir toda la naturaleza.
Las astucias de Obama y Santos
En qué quedan todos estos cuentos de los grandes acuerdos entre Obama y Santos dizque para darles garantías a los trabajadores colombianos. Es una farsa, y lo dijimos desde el primer momento. Una farsa, esto es lo que está sucediendo en el gobierno de Juan Manuel Santos. En el de Uribe también pasaba lo mismo. Yo estuve en Óttawa en los días de las discusiones sobre el TLC y le dije allá al Parlamento: no es cierto que ese TLC que están firmando ustedes con Colombia contenga una cláusula de protección a los derechos laborales. Y aquí, cuando se aprobó en el Senado, dejé también mi constancia y dije, no es cierto, detrás de estas trasnacionales la que viene es la oligarquía canadiense a explotar la mano de obra barata, pues sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Esa es la globalización, ese es el neoliberalismo y eso es lo que están montando aquí. Estamos retrocediendo a las condiciones del siglo XIX, y me uno a la idea que plantearon los trabajadores: creo que deberíamos hacer el esfuerzo, senadores de la Comisión Quinta, e irnos hasta Rubiales, y hablar con los trabajadores, para que nos cuenten qué es lo que está pasando. El Campo Rubiales no puede ser un territorio por fuera de la soberanía nacional, como se han ido volviendo todas estas trasnacionales de la minería y los hidrocarburos. El Ministerio de la Protección Social sabe que resulta complicadísimo para un inspector del trabajo entrar al enclave de una de estas trasnacionales. No los dejan pasar. Tienen al Estado colombiano a sueldo, como en los tiempos de las bananeras, que denunciara Gaitán.
El Polo va a seguir poniendo el dedo en la llaga. No nos van a callar. Aquí hay una ofensiva bárbara contra el Polo, casi que no hay día en que algún medio de comunicación, de manera asolapada, por supuesto, y disfrazando como información las posiciones editoriales, no tire una andanada contra el Polo para bregar a acabarlo. Si nos van acabar o no, ya lo veremos. Lo que sí les digo es que si en Colombia no hubiera Polo, este país sería bastante peor de lo que es, porque aun cuando sea decimos aquí tres o cuatro cosas. No tienen que creérnoslas, desde luego, y cada colombiano puede abrigar la idea que quiera, pero que por lo menos haya quien las diga. Que quede claro, no nos le vamos a sumar al gobierno de la unidad nacional bajo ninguna consideración, y si hunden a los trabajadores colombianos, trabajadores colombianos, y si hunden a los empresarios no monopolistas y si hunden a toda la gente a la que estamos defendiendo en este país, el Polo se hunde con ellos. Lo que hay cada vez más es una dictadura disfrazada de legalidad y de constitucionalidad, y en este mundo laboral sí que hay delitos de cuello blanco.
Quiero concluir saludando nuevamente el buen sentido que esta Comisión ha tenido desde siempre, una Comisión donde las cosas se pueden hablar así tengamos desacuerdos, y este que hoy debatimos es un tema especialmente grave, porque lo que se ha denunciado es la norma, no la excepción.
Ministro, se equivocan ustedes en materia grave si creen que pueden montar la economía minera y petrolera sosteniendo estas prácticas. No creo que el pueblo colombiano se las aguante, y no porque haya USO ni porque haya Polo. Ni sé cuántos seamos los del Polo en Puerto Gaitán, me imagino que dos o tres. No. La gente se les termina rebelando. El colombiano tiene dignidad. La gente tiene derecho a exigir y a opinar y a plantear sus peticiones y nosotros, hasta donde podamos, les haremos de parlante a esos reclamos populares.
Réplica del senador Jorge Enrique Robledo:
Me uno a la insistencia del senador Durán y de la senadora Martínez para que la Comisión vaya hasta allá. Resulta clave que el conflicto se resuelva. Creo que le prestamos un servicio grande al país si vamos y miramos de primera mano que es lo que está pasando. Allá no solo hay un problema laboral gravísimo, sino también un problema social supremamente complicado con las comunidades, y si esto no se atiende y se resuelve, lo que va haber son más problemas.
Con el ministro Rodado venimos teniendo una discusión desde hace rato sobre el State Take, lo que le toca al Estado. No voy a volver a repetir las cifras aquí, pero no comparto en general las del ministro. Yo me apoyo en quien es a mi juicio el más serio investigador independiente que tiene Colombia en estos asuntos, el doctor Oscar Vanegas, profesor muy importante de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y que detalla cómo se reparte la renta petrolera y definitivamente no coinciden sus datos con lo que dice el gobierno. Señalo un punto de divergencia. Por ejemplo, el gobierno la calcula suponiendo impuesto de renta del 33%, y se sabe que las trasnacionales no pagan impuesto de renta del 33. Entonces ya de entrada empiezan a cambiar las cosas.
Pero me interesa hacer énfasis en otro aspecto. Mostré cómo han evolucionado los contratos de Rubiales para señalar que el contrato es cada vez peor. El ministro da sus razones, pero tiene que aceptar que es cada vez peor, esa es mi preocupación. El último, al cual el Ministro básicamente no se refirió, se llama el bloque CPE-6, al suroeste del campo, pero finalmente el mismo yacimiento, y ahí la participación para el Estado colombiano es del 0%, fuera de regalías y de impuestos. El famoso State Take, antes de 60%, 50% y 30%, es ahora de 0%, como queda de manifiesto en todos los documentos. Aquí tengo citas de la propia Rubiales. Es un contrato de la ANH, un contrato de concesión, y como aquí las discusiones son viejas, ministro, fui de los que dijeron, junto con Hugo Serrano, que haber pasado del contrato de asociación al de concesión era un atentado contra el interés nacional, un contrato contra el Estado colombiano, un contrato del 2008, cuando ya se sabía lo que estaba pasando con los precios, ministro. Pienso que ahí se configura un detrimento patrimonial, porque el deber de la ANH era haberle entregado el contrato a Ecopetrol, obvio. Imagínese, un petróleo reconocido, sabido, de papaya, como se dice, y se firma un contrato leonino, pero que pudo no serlo tanto si se hace con Ecopetrol. Non fue así y la ANH va y lo hace con Pacific Rubiales. A mí eso me lo tienen que explicar de alguna manera. Pero el punto en el que insisto es en que cada día los contratos son peores. Esperemos que no duren demasiado gobernando, porque no sé a dónde van a ser capaces de llegar.
Bueno, dos cosas más, ministro, lo del bloqueo de los carros en Rubiales es cierto. Esperemos que el ministro me diga que es cierto lo que estoy afirmando.
(Interpela el senador Manuel Guillermo Mora, presidente de la Comisión: Senador Robledo, aprovechando que está aquí la ANH, le estaba haciendo una pregunta de acuerdo con su inquietud: ¿cuándo se vencen estos contratos de Rubiales de los que estamos hablando? Siga, senador).
Estaba diciendo, ministro, que Rubiales bloqueó la vía con carros y piedras y una camabaja, por ahí está la foto, y los soldados están mirando como si vieran pasar un desfile. Ahora, no son los soldaditos los culpables, claro, sino el oficial. Y le voy a pedir un favor, y es informar a esta Comisión en detalle todo lo que usted vaya haciendo para aclarar este asunto y más si van a instalar dentro del Campo Rubiales un batallón trasladándose en carros de la compañía, con gasolina de la compañía, y, me imagino, durmiendo en camas de la compañía y alimentándose con comida de la compañía. Es ya meterle a un conflicto social un ingrediente demasiado complicado, como cualquiera puede entender.
Hay un asunto que no puedo dejar pasar, ministro Rodado. Usted dice, al igual que lo dijo el presidente Santos, que no se tolerarán medidas de hecho. Es muy fácil decirlo, pero mire cuál es aquí el problema de fondo. Que las normas están hechas para que pase lo que pasa. Lo que ustedes les están diciendo a los trabajadores es que se tienen que aguantar las malas condiciones de vida y de trabajo, sean como sean, y que lo único que pueden hacer es mandar carticas y esperar a ver si alguien les hace caso. Y resulta que lo que tuvimos estos días fue un estallido social por la desatención del gobierno. La viceministra aduce que han hecho algunas cosas, bueno, pero todas después del conflicto, y los trabajadores toman nota. Antes del conflicto a nadie se le ocurrió poner una Oficina del Trabajo en Puerto Gaitán, algo tan elemental en un centro obrero tan importante, donde además hay miles de trabajadores de la palma. Cuando usted entonces les dice a los trabajadores que aquí no se aceptan medidas de hecho y que ahí están las leyes de la República, y el ejército y la policía, así usted no los mencione expresamente, y después sale el jefe de Pacific Rubiales a desafiar a todo el mundo diciendo lo que a mí nadie me puede obligar a nada, porque yo estoy cumpliendo con la ley, ¿qué es lo que se deduce? Que la ley está hecha para que pase lo que pasa.
Aquí lo que se está buscando son soluciones, pero ustedes se limitan a decir que a quien no se someta a las leyes se le descargarán medidas punitivas por estar en las vías de hecho y eso solo puede aplicarse a los trabajadores colombianos que protestan cuando las condiciones laborales se hacen inaceptables. Esta es una reflexión que le dejo a la Comisión Quinta, senadora Maritza Martínez. A mí me parece el colmo de la desproporción meter un batallón en vez de brindar soluciones de fondo. Espero que en Canadá y en EU conozcan lo que está pasando. En El Quimbo, donde hay otro conflicto social con las comunidades en torno a una hidroeléctrica, también el gobierno mete un batallón y yo pregunto ¿y cuánto vale el batallón y quien paga el batallón y sí alcanzan las regalías para pagar el batallón? Pienso que el gobierno se está equivocando en materia gravísima.
Termino haciéndole nuevamente un llamado al gobierno nacional, a Ecopetrol, a la propia Pacific Rubiales, a todas las trasnacionales, a buscarle salidas a este tipo de conflictos. No estamos en la Colonia y esos tratamientos son absolutamente inaceptables, como lo son las normas que los permiten, e inaceptables por supuesto las violaciones a las leyes por parte de empresas extranjeras. Inaceptable también un gobierno que nunca aparece y que cuando lo hace, es ya a última hora y con ejército y policía. Es lamentable que para el trabajador, el Estado colombiano se reduzca a un policía o un soldado, como para los campesinos en áreas de coca se reduce a una avioneta que los fumiga como cucarachas. Pienso que está muy mal.
Y por último, se me pasaba, ministro, saludo que usted reconozca que sí hay evasión en las cuentas de las trasnacionales. Es bien importante en este debate que el gobierno nacional reconozca que hay evasión. Nosotros aquí en esta Comisión llevamos años diciendo que es inaceptable. La Contraloría lo reafirma de una manera más amable, haciendo ver que aquí nadie vigila a las trasnacionales y que les creemos por fe. Ahora, la solución que usted está planteando, ministro, no me gusta. No me gusta tampoco lo que leí antier en una revista y es que el ministro Echeverry se está negando a darle unos cuantos pesos al Minminas para que se mejore un tris la auditoría. Me parece el colmo. El ministro de Hacienda no vigila si al Estado le entra o no le entra la plata y se pone a barequear unos centavos, como se dice coloquialmente. Sabemos que hay evasión, se le piden unos pesos al ministro de Hacienda para que haya algo de auditoría y el ministro se cierra. En otro país se cae el ministro.
La solución que están proponiendo tampoco es aceptable. Cómo así que se va a subcontratar para que al final, estoy seguro, sea una trasnacional la que entre a vigilar, como quien dice, poner a los ratones a cuidar el queso. “Gobiernos dignos y timoratos, decía Pombo, donde haya queso no mandéis gatos”. Y este es un gobierno que está más bien del lado de los timoratos. Si algo ha demostrado toda esa genialidad transnacional en el mundo de la auditoría es que las firmas fiscalizadoras trabajan en llave con los que están vigilando. Ahí están los datos de las firmas calificadoras de riesgo, ahí está el escándalo de Andersen, socia de Enron en la defraudación del patrimonio norteamericano. Ahora nos van a traer entonces a unos gringos a cuidar a otros gringos y la gran hazaña es que son gringos. No, ministro contrate ingenieros colombianos, economistas colombianos, contadores colombianos, páguenles los sueldos que les deben pagar, denles los mejores programas de computadores y vamos entre todos a impedir que las firmas foráneas se roben un centavo de las cuentas nacionales. Eso es lo que hay que hacer. Para eso se elige a los gobiernos. No está lejos el día en que el gobierno decida subcontratar el ejército y la policía para impedir que los trabajadores colombianos hagan protestas.
Segunda réplica del senador Robledo
Entre el contrato de asociación y el de concesión, el país sale perdiendo una suma inmensa, pérdida que no resuelve ese par de porcentajes que se acaban de mencionar aquí. No voy a entrar en detalles, pero desde hace muchos años se sabía muy bien que el riesgo en ese negocio era igual a prácticamente nada. El doctor Zamora nos dice que fue un concurso donde todos participaron en igualdad de condiciones, lo que no deja de ser parte del problema. ¿Cuál? Que el Estado colombiano ponga a participar a Ecopetrol en igualdad de condiciones con Pacific Rubiales. No da lo mismo que Colombia reciba el 8 o el 80. Ecopetrol es la empresa nacional de Colombia y nos interesa el Know How, aprender de crudos pesados, pero eso no se tiene en cuenta, porque a la ANH la prefiguró el Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo con franqueza. No es entonces el interés nacional sino el extranjero el que dicta cómo se organiza Ecopetrol. Y en Colombia descubrieron que es una genialidad poner a extranjeros y colombianos en todos y en absolutamente todos los casos en igualdad de condiciones, algo a mi juicio inaceptable.
¿Y por qué inaceptable? Para saberlo, basta ver cómo va el país y cómo les va a los trabajadores. Las normas en Colombia, ministro Rodado, empujan a situaciones como las vividas en estos días en Puerto Gaitán y en Rubiales. Las leyes, las normas, los decretos, las resoluciones, todo está aquí montado para que el trabajador colombiano sea una especie de siervo del patrón, ustedes lo saben, lo sabe el doctor Gutiérrez. Aun cuando no violaran ni una norma, las que hay están montadas para que el trabajador sea una especie de siervo del patrón. Y están montadas además para que el fraude del patrón sea facilísimo. Para poner un solo ejemplo, median 180 kilómetros de distancia entre el campamento donde duerme el trabajador y el pueblo más cercano y otro tanto de allí a la primera Oficina del Trabajo. De eso apenas se dieron cuenta ustedes después de todos estos líos.
Nadie habló aquí de cambiar las normas, ni el ministro ni la viceministra ni nadie, pero el ministro sí dijo que quien se salga de las normas y aplique vías de hecho será castigado con toda severidad, y vías de hecho son que unos trabajadores se paren en una carretera, y no estamos hablando de secuestro ni de delitos de ese corte, sino de prácticas normales en una relación laboral. Vean ustedes a los indignados españoles, que también se paran a protestar en las calles, en las carreteras, en las plazas. Y si a los trabajadores les echan encima la tropa, el estrellón es inevitable, como pasó en Puerto Gaitán. Los trabajadores piden y piden a Cepcolsa, la trasnacional española, y todo se les niega. Entonces, desesperados, un día dicen bueno, no trabajamos mientras no nos resuelvan las peticiones, una exigencia mínima, como decir, en un contrato, no me gusta el negocio. La empresa se reúne y decide suspender los contratos, los echa a los dos días. Y cuando los trabajadores salen por las calles de Puerto Gaitán a protestar, les llega el ejército y la policía.
Si ustedes persisten en este tipo de actitudes, ministro, va haber más problemas en Colombia. Y por eso la bravuconada del señor de Pacific Rubiales, cuando dice, a mí nadie me da órdenes. Habría querido que el gobierno hubiera anunciado hoy un cambio profundo en las normas laborales para que Colombia entre por fin en la lógica democrática y sea aquí por lo menos igual de fácil fundar un sindicato que montar una banda de secuestradores, porque hoy es más fácil organizar una banda de secuestradores que un sindicato, y hasta creo que en Colombia haya más bandas de secuestradores que sindicatos, pero eso es lo que el gobierno no dice. Pero usted sí es perentorio en afirmar, ministro, y me excusa que insista, que habrá castigo para las vías de hecho, haciendo referencia a las luchas de los trabajadores. Cuando se les concede derechos iguales a personas que son absolutamente desiguales, usted está montando una injusticia tremenda, sobre todo en el país en el que estamos. Pero bueno, dejo mi constancia e insisto en llamar al gobierno nacional a hacer esfuerzos para que en Colombia pueda haber unas relaciones civilizadas que hoy no se facilitan

lunes, 26 de septiembre de 2011

VIENTOS DE INDIGNACIÓN EN LA GUAJIRA: EL RÍO RANCHERÍA A MERCED DE LAS LOCOMOTORAS MINERAS



Por :Pablo Victoria.


Vientos de indignaci...
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foto Río Ranchería, símbolo de la resistencia guajira

La locomotora minera está a punto de engullirse al río Ranchería, en la Guajira. No menos de 68 mil hectáreas serán intervenidas a lo largo de más de 20 kilómetros de su cauce, lo que implicará su desviación y con ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios. Se trata del 33 % de un territorio desértico que depende de este río para su subsistencia. En el lecho del afluente hay reservas de carbón, y la multinacional brasilera MPX, se frota las manos antes de iniciar la explotación del mineral. El río se ha constituído en el freno al desierto, y ahora en icono para detener a las locomotoras carboníferas.

El anuncio ha despertado el más rotundo rechazo de distintos sectores de la Guajira que desde ya preparan una serie de actividades para oponerse a la intervención del río, tal como de manera contundente lo hiciera la ciudadanía de Bucaramanga y Santander, en defensa del Páramo de Santurban. La historia de la minería a cielo abierto en la península caribeña empezó en los años 80 con la estatal Carbocol. Las reservas calculadas en el río Ranchería serían de 500 millones de toneladas, y se prevé una enorme movilización social para salvarlo.
Felipe Rodriguez, Centro de Estudios del Carbón

La desviación del curso del río pondría en peligro, además, las actividades agropecuarias y el tejido social y cultural para una docena de comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus márgenes, tal como lo ha denunciado el Comité Cívico de la Guajira contra la Gran Minería que desde ya ha convocado para el próximo 20 de noviembre a una gran movilización cívica desde la cual se busca denunciar y frenar este Megaproyecto. "A pesar de la corrupción local y la manipulación, la resistencia crece", sostiene Felipe Rodríguez, Coordinador del Centro de Estudios del Carbón.

"Cambiar un cauce afecta aguas subterráneas y también la fauna y la flora, los cambios físicos y químicos que se generarán por el solo hecho de correr en un nuevo cauce; la migración de especies animales nativas; pero especialmente la potencial pérdida de volumen de agua en el río. Este recurso hídrico, amenazado por el avance descontrolado de la minería, es muy importante, determina las actividades económicas de gran parte de la población y además, conforma el entorno cultural y turístico de la región", afirma Jacobo Solano Cerchiaro.

Arcesio Romero, Director de Corpoguajira.

El comité cívico denunció que el director de Corpoguajira, Arcesio Romero Pérez, fue fletado por MPX al Brasil, junto con funcionarios, diputados y representantes de la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta para "conocer alternativas de desarrollo sostenible" en ese país, en el mes de marzo pasado, lo que fue calificado como un evidente hecho de corrupción. Entre los políticos, con gastos pagados por la empresa, se contaban los concejales de Dibulla, donde se construirá un muelle carbonífero. Por Acuerdo del Concejo, el Alcalde tiene manos libres para exonerar de impuestos a la firma extranjera.

En su edición del pasado 25 de junio El Heraldo de Barranquilla denunció que MPX tiene entre sus filas a varios ex altos funcionarios del gobierno Uribe: "Junto con Leyla Rojas, ex viceministra de Agua y quien hoy es la jefe Jurídica de la compañía brasilera en Colombia, llegaron Diana Zapata Pérez, exdirectora de Licencias, además de Adriana Rodríguez y el ingeniero Juan Carlos Burgos, quienes trabajaron en esta dependencia ministerial". Según el periódico esta firma ha invertido 200 millones de dólares y está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental para arrancar con las explotaciones.

El poder corruptor de las multinacionales del carbón parece imparable, como también ha sucedido en el caso del Municipio de Barrancas, donde el Concejo había archivado por lesivo e inconveniente a los intereses de la comunidad, el Acuerdo que pretendía modificar el ordenamiento territorial. Sin embargo El Cerrejón logró que entre el Alcalde y un grupo de concejales ampliaran la zona de explotación minera. La Compañía, además, pagó los costos del nuevo EOT. Como se puede apreciar las autoridades de la Guajira, el César, y el Magdalena, están al servicio de la mega minería multinacional, a pesar de las denuncias e investigaciones exhaustivas.

Minería a cielo abierto en la Guajira.

A través de múltiples estrategias jurídicas, mediáticas y sociales, las transnacionales BHP Billiton, Anglo América y Xtrata, propietarias de El Cerrejón, que acapara el 40 % de la producción nacional, ha intervenido 11.700 hectáreas, de las cuales solo ha recuperado ambientalmente 2.700. Hacia el 2014, la meta fijada de producción es de 60 millones de toneladas, casi el doble de lo que estaba explotando en el 2009. El pasado 9 de agosto se cumplieron 10 años del desalojo de Tabaco, en el Municipio de Hato Nuevo, convirtiéndose en el símbolo del avance de la minería a cielo abierto: Allí quedó patentado la confabulación de las autoridades con las compañías extranjeras.

Los indígenas Wayuu están dando la batalla en defensa de su territorio.

Ante los estragos sociales, económicos, ambientales y culturales dejados por las explotaciones carboníferas, el resguardo Wayuu de El Zahino, al sur de la Guajira, en la consulta previa convocada por el Ministerio del Interior, decidió categóricamente que: "… en nuestro territorio ancestral, no se permitirá la construcción de ninguna línea férrea, ni mucho menos, la exploración ni explotación de nuevos yacimientos hidrocarburos o de carbón, por parte de ninguna compañía que nos afecta de manera general". MPX pretende construir una línea férrea por territorio Wayuu para transportar el carbón hasta Dibulla.

El pasado 13 de septiembre, cientos de estudiantes de la Universidad de la Guajira salieron a las calles de Riohacha a reclamar los 30 mil millones de pesos que El Cerrejón le adeuda al centro de estudios por concepto de un impuesto creado, mediante Ordenanza de 1993, para ayudar a financiar la educación superior en el departamento. En el Día de la Indignación, como fue llamada la jornada, los estudiantes devolvieron unos buses entregados por la empresa: "Vengan y reciban los buses y paguen lo que nos deben. Los españoles nunca pudieron embobar a los wayuu con espejitos y abolorios. En pleno siglo XXI Cerrejón cree que nos va a embobar a nosotros con esos buses, para no pagarnos el impuesto a la estampilla", dice un comunicado.

Como lo corroboran las investigaciones del Centro de Estudios del Carbón, a cargo de Felipe Rodríguez, y los estudios del profesor Jorge Iván González, los impactos económicos y sociales de la gran minería son pingues frente a las expectativas y discursos sobre "el desarrollo y progreso" de los territorios donde se explota el subsuelo. En el caso de la Guajira son contundentes: la cobertura y disponibilidad de agua potable las 24 horas en los municipios sólo es del 74% y el de alcantarillado del 56%, indicador asociado – también- a los estragos de la corrupción. En esta región la minería solo genera el 10% de los empleos. De hecho como sostiene González, la locomotora minero-energética y el sector financiero son los que menos empleo generan, al tiempo que no se articula con el sector agropecuario y destruye los ecosistemas.

25 de septiembre de 2011

Minería a cielo abierto en la Guajira.
por Carlos Victoria Monday, Sep. 26, 2011 at 12:59 PM



Minería a cielo abie...
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Los indígenas Wayuu están dando la batalla en defensa de su territorio.
por Carlos Victoria Monday, Sep. 26, 2011 at 12:59 PM



Los indígenas Wayuu ...

viernes, 16 de septiembre de 2011

CERREJON CARBÓN PARA EL MUNDO SAQUEO Y MISERIA PARA COLOMBIA (i)

LOS POBLADORES DEL CORREGIMIENTO DE LAS CASITAS, ALEDAÑOS AL COMPLEJO CARBONÍFERO DEL CERREJON EN EL  MUNICIPIO DE BARRANCAS, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-COLOMBIA, EXPONIENDO DE MANERA CRUDA LA FORMA COMO EL CERREJON SE HA BURLADO DE ELLOS EN EL PROCESO DE REUBICACION

miércoles, 14 de septiembre de 2011

La gran minería y el papel de las Naciones Unidas

La gran minería y el papel de las Naciones Unidas
ECONOMIA Y SOCIEDAD
Lunes, 12 de Septiembre de 2011 01:44
Resulta sorprendente que el máximo órgano de la comunidad internacional parezca favorecer abiertamente los intereses privados de la minería a gran escala. La evidencia científica no apoya esta extraña posición que se hace visible en dos informes oficiales de la ONU.

¿Y ahora, quién podrá defendernos?

El papel de los organismos multilaterales y en particular de la Organización de Naciones Unidas en la definición del papel de los países en desarrollo, pero ricos en recursos naturales, en el concierto económico mundial es un aspecto poco revisado en las diferentes visiones del conflicto minero-ambiental y social que se configura actualmente en Colombia.

No obstante, la revisión de los documentos de la Organización de Naciones Unidas lleva a cuestionar el papel de esta entidad en cuanto a la prelación que debe asignar al bien común y a la justicia ambiental a nivel global.

Dos documentos sospechosos

Con el fin de darle una base sólida a estos cuestionamientos, se han revisado dos documentos muy recientes de la ONU:

“Opciones de política y medidas para acelerar la aplicación: minería (Grupo temático para el ciclo de aplicación 2010-2011)” de la Comisión sobre Desarrollo sostenible.
“Informe de la Reunión preparatoria intergubernamental de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU” (Marzo de 2011).
Algunos pasajes de los documentos se presentan a continuación, transcritos parcialmente de manera literal, pero los subrayados han sido agregados por el autor de este análisis.
En el primero de ellos se afirma lo siguiente:


“Se han producido diversos cambios en el sector de la minería desde la celebración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002. Se han alcanzado progresos en materia de transparencia y gobernanza del sector. Muchas empresas han aceptado directrices y principios de carácter voluntario como marco para sus operaciones (…).
Sin embargo, aún hay importantes carencias. (…) El respeto de los derechos humanos, los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades locales e indígenas, los efectos ambientales y sociales de las actividades mineras y, en general, las relaciones entre los gobiernos, las empresas y la ciudadanía, son esferas en las que se requieren mayores progresos”.

Es evidente que si las carencias tienen que ver con aspectos fundamentales en lo económico, lo social y lo ambiental los progresos son bastante cuestionables.

Puede de ello colegirse que la ONU se acerca peligrosamente a un papel de organismo multilateral público, pero funcional para los intereses obviamente privados de las empresas transnacionales en sus esfuerzos por extraer al máximo recursos naturales no renovables de países del Sur Global, cuando las afirmaciones anteriores se complementan con otras como las siguientes:


“La comunidad internacional puede ayudar a los países a sacar el máximo de provecho de sus recursos minerales mediante la cooperación técnica, el intercambio de buenas prácticas y la búsqueda de iniciativas para fomentar la transparencia.”

¿Será consciente la ONU de que esta afirmación podría contribuir a la reprimarización de los países pobres, o en desarrollo?

Serias dudas

Los planteamientos a nivel general encuentran sin embargo algunas salvaguardas a lo largo del documento que muestran la verdadera naturaleza del negocio minero en el mundo, en particular al referirse a los costos ambientales, a la casi inexistente responsabilidad social corporativa de las empresas mineras y a la expoliación del Sur Global:


“A nivel macroeconómico, los precios de los minerales y metales no reflejan plenamente los costos ambientales y sociales del ciclo completo de las actividades mineras. (…) (que) también afecta a los incentivos para reciclar, a través de los costos relativos de la producción de metales reciclados y metales vírgenes en bruto (…)
Un primer tema que debe considerarse es si el componente de los precios de los minerales que guarda relación con las regalías y otros impuestos pagados por las empresas extractoras refleja una compensación justa para los países donde se extraen los minerales por la pérdida de sus activos naturales.

Si esta pérdida no se compensa adecuadamente (…) la extracción de minerales se convierte en la práctica en una transferencia de riqueza de los países productores a los usuarios de los minerales extraídos.

Un segundo tema que se ha de considerar es el examen de las subvenciones directas e implícitas a la minería resultantes de los regímenes tributarios y de inversiones aplicados a la industria, con vistas a velar porque esas subvenciones contribuyan eficazmente al logro de objetivos de desarrollo sostenible (…)

¿Remedios peores que la enfermedad?

No existe una visión clara sobre la posibilidad de evitar los efectos nocivos de la minería simplemente prohibiéndola o estableciendo moratorias donde la falta de conocimiento o la existencia de valores ambientales o sociales la haga inconveniente.

Se trata entonces de hacer la minería menos impactante o de compensar los efectos sociales, ambientales o económicos, o en suma, insertar de manera artificial y forzada el concepto de “sostenibilidad” o de desarrollo sostenible a actividades que como la extracción de recursos naturales no renovables no pueden serlo.

Las recetas se pueden agrupar en tres grandes categorías:

promulgación y aplicación de reglamentaciones ambientales y sociales;
elaboración de normas jurídicas y financieras para el cierre y la rehabilitación de minas;
elaboración de medidas para sufragar los costos ambientales y sociales de accidentes como derrames, el rebose de depósitos de contención y el fallo de embalses de relaves.
En cuanto al fortalecimiento de la contribución de la minería a las economías nacionales (en el aparte de Minería a Gran Escala), se encuentra en el documento una preocupante línea de acción para países poco explorados, como es el caso de Colombia:

“En muchos países aún falta explorar o explotar suficientemente reservas minerales importantes. Entre las razones de esto se cuentan la falta de datos e información, la falta de inversiones en el sector y la falta de la infraestructura necesaria para la ejecución de proyectos importantes.
Un primer paso necesario es el establecimiento de bases de conocimientos respecto de distintos tipos de recursos minerales que los países pueden poseer mediante el reconocimiento de zonas y el levantamiento de mapas.”

¿El Estado al servicio de la gran minería privada?

Esta recomendación ha llevado justamente a que la entidad que debe generar conocimiento en geología se dedique fundamentalmente a los recursos minerales, descuidando áreas que tienen un mayor impacto sobre la sociedad en su conjunto como la investigación en amenazas geológicas (vulcanismo, sismicidad, deslizamientos e inundaciones, entre otras), produciendo de esta manera un detrimento patrimonial, pues los recursos estatales terminan al servicio de empresas privadas trasnacionales.

En este sentido, es importante destacar que estas propuestas ya hacen parte de la norma colombiana, donde el artículo 42 del Código de Minas asume como de interés público


“que el Estado, a través del Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear, Ingeominas, o de centros de educación superior y de investigación científica y tecnológica, adelanten trabajos de investigación regional y global del subsuelo, con el objeto de obtener, completar y profundizar el conocimiento del potencial del país en los recursos mineros del suelo y del subsuelo”

Pero si la minería termina siendo un negocio 100 por ciento privado, existe un indiscutible detrimento patrimonial al enfocar la investigación geológica únicamente hacia el sector minero.

Algunos casos que son mostrados como de interés en el establecimiento de estrategias de política incluyen la participación estatal de ciertos países africanos:

la empresa extractora de diamantes Debswana (en la que el Gobierno de Botswana tiene una participación del 50 por ciento) y
Williamson Diamonds (en la que el Gobierno de la República Unida de Tanzania tiene una participación del 25 por ciento).
Por otro lado, se plantea una idílica convivencia de la gran minería con otras actividades:


“Un enfoque utilizado en Mozambique, Liberia y otros países es el de los corredores de crecimiento o corredores de desarrollo, en los que el desarrollo previsto de la minería se integra en una planificación más amplia del espacio que tiene por objeto desarrollar actividades económicas apropiadas para el medio local (como la agricultura, la silvicultura y la minería a pequeña escala) aprovechando plenamente la infraestructura creada específicamente para las necesidades de los proyectos mineros.
Por ejemplo, se pueden construir carreteras, vías férreas, instalaciones de generación de electricidad y portuarias con capacidad adicional de forma que se utilicen para otras actividades o para que las comunidades se beneficien de ellas. La experiencia adquirida demuestra que es mejor configurar tales vínculos antes de que se firmen los contratos mineros.”.

Un interesante pie de página del documento deja entrever que a pesar del discurso oficial, existe una documentada proclividad del sector empresarial minero a la corrupción y a la evasión de pagos:

“Se estima que entre 1990 y 2001 la empresa estatal chilena Codelco pagó 10.659 millones de dólares en impuestos, en tanto que las empresas privadas pagaron 1.638 millones de dólares, pese a que su parte de la producción es un 25 por ciento mayor.” [1]

La historia de los conflictos entre la gran minería y las comunidades adyacentes marcó buena parte del movimiento social en Chile durante la primera mitad del siglo XX y se constituyó en el mayor generador de agitación social en los albores del siglo XXI desde los Apalaches estadounidenses hasta los Andes patagónicos [2] .

¿Minería compatible con desarrollo sostenible?

Otro documento muy reciente es el Informe de la Reunión preparatoria intergubernamental de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU en Marzo de 2011.

En este se reafirma que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son pilares interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente, para luego incluir un discurso propio del sector minero privado:


“La minería tiene vital importancia para muchos países, en particular para los países en desarrollo. Cuando se administra debidamente, la minería ofrece la oportunidad de promover un desarrollo de base amplia y reducir la pobreza.
La meta debería ser maximizar los efectos económicos positivos de la minería, minimizar sus efectos medioambientales y sociales negativos y reforzar la capacidad de los países productores de aprovechar sus recursos naturales a largo plazo.”

Estas afirmaciones no tienen ninguna base científica. Por el contrario, Science -la más prestigiosa revista científica mundial- publicó en 2010 un artículo firmado por Margaret Palmer y doce de los académicos e investigadores estadounidenses más respetados, muchos de los cuales hacen parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En su conclusión final quedó registrado lo siguiente:


“Considerando los impactos ambientales, en combinación con las evidencias que la salud de gente que vive en las regiones de minería a cielo abierto de los Apalaches está comprometida por las actividades mineras, se concluye que los permisos y licencias a la minería a cielo abierto en montaña con relleno de valles con escombreras no deben garantizarse a menos que métodos nuevos puedan ser sujetos a rigurosas revisiones y mostrar que remedian dichos problemas. Los reguladores no deben ignorar más el rigor de la ciencia.
Los Estados Unidos deben liderar estos aspectos, particularmente cuando se espera que la minería a cielo abierto en países en desarrollo crezca extensamente.”

Falta un debate serio

El análisis hace evidente la necesidad de generar una mayor conciencia a nivel del bloque regional latinoamericano en busca de justicia ambiental global, de un intercambio comercial ecológicamente equitativo y de la necesidad de una profunda reflexión sobre el papel que debe jugar el país más biodiverso del mundo en el contexto comercial mundial.

Luego de una cuidadosa lectura de la propuesta del Ministerio de Minas y Energía, raquítica y miope, con respecto a la modificación del Código de Minas, resulta indispensable promover una reflexión más profunda por parte de la sociedad civil sobre la Colombia que queremos, sin esperar que el faro de los organismos globales pueda ayudarnos en este mundo de confusión.


* Geólogo MSc Geotecnia.
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Julio Fierro