La gran minería y el papel de las Naciones Unidas

La gran minería y el papel de las Naciones Unidas
ECONOMIA Y SOCIEDAD
Lunes, 12 de Septiembre de 2011 01:44
Resulta sorprendente que el máximo órgano de la comunidad internacional parezca favorecer abiertamente los intereses privados de la minería a gran escala. La evidencia científica no apoya esta extraña posición que se hace visible en dos informes oficiales de la ONU.

¿Y ahora, quién podrá defendernos?

El papel de los organismos multilaterales y en particular de la Organización de Naciones Unidas en la definición del papel de los países en desarrollo, pero ricos en recursos naturales, en el concierto económico mundial es un aspecto poco revisado en las diferentes visiones del conflicto minero-ambiental y social que se configura actualmente en Colombia.

No obstante, la revisión de los documentos de la Organización de Naciones Unidas lleva a cuestionar el papel de esta entidad en cuanto a la prelación que debe asignar al bien común y a la justicia ambiental a nivel global.

Dos documentos sospechosos

Con el fin de darle una base sólida a estos cuestionamientos, se han revisado dos documentos muy recientes de la ONU:

“Opciones de política y medidas para acelerar la aplicación: minería (Grupo temático para el ciclo de aplicación 2010-2011)” de la Comisión sobre Desarrollo sostenible.
“Informe de la Reunión preparatoria intergubernamental de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU” (Marzo de 2011).
Algunos pasajes de los documentos se presentan a continuación, transcritos parcialmente de manera literal, pero los subrayados han sido agregados por el autor de este análisis.
En el primero de ellos se afirma lo siguiente:


“Se han producido diversos cambios en el sector de la minería desde la celebración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002. Se han alcanzado progresos en materia de transparencia y gobernanza del sector. Muchas empresas han aceptado directrices y principios de carácter voluntario como marco para sus operaciones (…).
Sin embargo, aún hay importantes carencias. (…) El respeto de los derechos humanos, los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades locales e indígenas, los efectos ambientales y sociales de las actividades mineras y, en general, las relaciones entre los gobiernos, las empresas y la ciudadanía, son esferas en las que se requieren mayores progresos”.

Es evidente que si las carencias tienen que ver con aspectos fundamentales en lo económico, lo social y lo ambiental los progresos son bastante cuestionables.

Puede de ello colegirse que la ONU se acerca peligrosamente a un papel de organismo multilateral público, pero funcional para los intereses obviamente privados de las empresas transnacionales en sus esfuerzos por extraer al máximo recursos naturales no renovables de países del Sur Global, cuando las afirmaciones anteriores se complementan con otras como las siguientes:


“La comunidad internacional puede ayudar a los países a sacar el máximo de provecho de sus recursos minerales mediante la cooperación técnica, el intercambio de buenas prácticas y la búsqueda de iniciativas para fomentar la transparencia.”

¿Será consciente la ONU de que esta afirmación podría contribuir a la reprimarización de los países pobres, o en desarrollo?

Serias dudas

Los planteamientos a nivel general encuentran sin embargo algunas salvaguardas a lo largo del documento que muestran la verdadera naturaleza del negocio minero en el mundo, en particular al referirse a los costos ambientales, a la casi inexistente responsabilidad social corporativa de las empresas mineras y a la expoliación del Sur Global:


“A nivel macroeconómico, los precios de los minerales y metales no reflejan plenamente los costos ambientales y sociales del ciclo completo de las actividades mineras. (…) (que) también afecta a los incentivos para reciclar, a través de los costos relativos de la producción de metales reciclados y metales vírgenes en bruto (…)
Un primer tema que debe considerarse es si el componente de los precios de los minerales que guarda relación con las regalías y otros impuestos pagados por las empresas extractoras refleja una compensación justa para los países donde se extraen los minerales por la pérdida de sus activos naturales.

Si esta pérdida no se compensa adecuadamente (…) la extracción de minerales se convierte en la práctica en una transferencia de riqueza de los países productores a los usuarios de los minerales extraídos.

Un segundo tema que se ha de considerar es el examen de las subvenciones directas e implícitas a la minería resultantes de los regímenes tributarios y de inversiones aplicados a la industria, con vistas a velar porque esas subvenciones contribuyan eficazmente al logro de objetivos de desarrollo sostenible (…)

¿Remedios peores que la enfermedad?

No existe una visión clara sobre la posibilidad de evitar los efectos nocivos de la minería simplemente prohibiéndola o estableciendo moratorias donde la falta de conocimiento o la existencia de valores ambientales o sociales la haga inconveniente.

Se trata entonces de hacer la minería menos impactante o de compensar los efectos sociales, ambientales o económicos, o en suma, insertar de manera artificial y forzada el concepto de “sostenibilidad” o de desarrollo sostenible a actividades que como la extracción de recursos naturales no renovables no pueden serlo.

Las recetas se pueden agrupar en tres grandes categorías:

promulgación y aplicación de reglamentaciones ambientales y sociales;
elaboración de normas jurídicas y financieras para el cierre y la rehabilitación de minas;
elaboración de medidas para sufragar los costos ambientales y sociales de accidentes como derrames, el rebose de depósitos de contención y el fallo de embalses de relaves.
En cuanto al fortalecimiento de la contribución de la minería a las economías nacionales (en el aparte de Minería a Gran Escala), se encuentra en el documento una preocupante línea de acción para países poco explorados, como es el caso de Colombia:

“En muchos países aún falta explorar o explotar suficientemente reservas minerales importantes. Entre las razones de esto se cuentan la falta de datos e información, la falta de inversiones en el sector y la falta de la infraestructura necesaria para la ejecución de proyectos importantes.
Un primer paso necesario es el establecimiento de bases de conocimientos respecto de distintos tipos de recursos minerales que los países pueden poseer mediante el reconocimiento de zonas y el levantamiento de mapas.”

¿El Estado al servicio de la gran minería privada?

Esta recomendación ha llevado justamente a que la entidad que debe generar conocimiento en geología se dedique fundamentalmente a los recursos minerales, descuidando áreas que tienen un mayor impacto sobre la sociedad en su conjunto como la investigación en amenazas geológicas (vulcanismo, sismicidad, deslizamientos e inundaciones, entre otras), produciendo de esta manera un detrimento patrimonial, pues los recursos estatales terminan al servicio de empresas privadas trasnacionales.

En este sentido, es importante destacar que estas propuestas ya hacen parte de la norma colombiana, donde el artículo 42 del Código de Minas asume como de interés público


“que el Estado, a través del Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear, Ingeominas, o de centros de educación superior y de investigación científica y tecnológica, adelanten trabajos de investigación regional y global del subsuelo, con el objeto de obtener, completar y profundizar el conocimiento del potencial del país en los recursos mineros del suelo y del subsuelo”

Pero si la minería termina siendo un negocio 100 por ciento privado, existe un indiscutible detrimento patrimonial al enfocar la investigación geológica únicamente hacia el sector minero.

Algunos casos que son mostrados como de interés en el establecimiento de estrategias de política incluyen la participación estatal de ciertos países africanos:

la empresa extractora de diamantes Debswana (en la que el Gobierno de Botswana tiene una participación del 50 por ciento) y
Williamson Diamonds (en la que el Gobierno de la República Unida de Tanzania tiene una participación del 25 por ciento).
Por otro lado, se plantea una idílica convivencia de la gran minería con otras actividades:


“Un enfoque utilizado en Mozambique, Liberia y otros países es el de los corredores de crecimiento o corredores de desarrollo, en los que el desarrollo previsto de la minería se integra en una planificación más amplia del espacio que tiene por objeto desarrollar actividades económicas apropiadas para el medio local (como la agricultura, la silvicultura y la minería a pequeña escala) aprovechando plenamente la infraestructura creada específicamente para las necesidades de los proyectos mineros.
Por ejemplo, se pueden construir carreteras, vías férreas, instalaciones de generación de electricidad y portuarias con capacidad adicional de forma que se utilicen para otras actividades o para que las comunidades se beneficien de ellas. La experiencia adquirida demuestra que es mejor configurar tales vínculos antes de que se firmen los contratos mineros.”.

Un interesante pie de página del documento deja entrever que a pesar del discurso oficial, existe una documentada proclividad del sector empresarial minero a la corrupción y a la evasión de pagos:

“Se estima que entre 1990 y 2001 la empresa estatal chilena Codelco pagó 10.659 millones de dólares en impuestos, en tanto que las empresas privadas pagaron 1.638 millones de dólares, pese a que su parte de la producción es un 25 por ciento mayor.” [1]

La historia de los conflictos entre la gran minería y las comunidades adyacentes marcó buena parte del movimiento social en Chile durante la primera mitad del siglo XX y se constituyó en el mayor generador de agitación social en los albores del siglo XXI desde los Apalaches estadounidenses hasta los Andes patagónicos [2] .

¿Minería compatible con desarrollo sostenible?

Otro documento muy reciente es el Informe de la Reunión preparatoria intergubernamental de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU en Marzo de 2011.

En este se reafirma que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son pilares interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente, para luego incluir un discurso propio del sector minero privado:


“La minería tiene vital importancia para muchos países, en particular para los países en desarrollo. Cuando se administra debidamente, la minería ofrece la oportunidad de promover un desarrollo de base amplia y reducir la pobreza.
La meta debería ser maximizar los efectos económicos positivos de la minería, minimizar sus efectos medioambientales y sociales negativos y reforzar la capacidad de los países productores de aprovechar sus recursos naturales a largo plazo.”

Estas afirmaciones no tienen ninguna base científica. Por el contrario, Science -la más prestigiosa revista científica mundial- publicó en 2010 un artículo firmado por Margaret Palmer y doce de los académicos e investigadores estadounidenses más respetados, muchos de los cuales hacen parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En su conclusión final quedó registrado lo siguiente:


“Considerando los impactos ambientales, en combinación con las evidencias que la salud de gente que vive en las regiones de minería a cielo abierto de los Apalaches está comprometida por las actividades mineras, se concluye que los permisos y licencias a la minería a cielo abierto en montaña con relleno de valles con escombreras no deben garantizarse a menos que métodos nuevos puedan ser sujetos a rigurosas revisiones y mostrar que remedian dichos problemas. Los reguladores no deben ignorar más el rigor de la ciencia.
Los Estados Unidos deben liderar estos aspectos, particularmente cuando se espera que la minería a cielo abierto en países en desarrollo crezca extensamente.”

Falta un debate serio

El análisis hace evidente la necesidad de generar una mayor conciencia a nivel del bloque regional latinoamericano en busca de justicia ambiental global, de un intercambio comercial ecológicamente equitativo y de la necesidad de una profunda reflexión sobre el papel que debe jugar el país más biodiverso del mundo en el contexto comercial mundial.

Luego de una cuidadosa lectura de la propuesta del Ministerio de Minas y Energía, raquítica y miope, con respecto a la modificación del Código de Minas, resulta indispensable promover una reflexión más profunda por parte de la sociedad civil sobre la Colombia que queremos, sin esperar que el faro de los organismos globales pueda ayudarnos en este mundo de confusión.


* Geólogo MSc Geotecnia.
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Julio Fierro