Una locomotora loca cargada de oro
Por DANIEL SAMPER PIZANO
Daniel Samper Pizano
La gran minería ofrece más riesgos que beneficios y la informal no merece que la traten como un delito.
¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
Para decirlo en términos navideños, las multinacionales mineras son como los Reyes Magos, pero al revés: en vez de llevar oro al pobre portal, se lo quitan. El Gobierno habla con ingenua esperanza del "tren de la minería". Pero deberá manejarlo con cuidado, pues recuerda aquella locomotora loca que corre sin rumbo ni control y causa toda suerte de desastres.
Esta es la impresión que deja una mirada atenta a recientes debates en el Congreso, diversos documentos oficiales, graves quejas ecológicas y artículos de especialistas. Si no enderezan los rieles del tren minero, si no se le pone un buen maquinista y si no se establecen límites y barreras a la actividad, enfrentaremos un monstruo que destruirá la naturaleza, provocará peligrosos conflictos sociales y dejará escaso empleo y exiguas ganancias. No somos las únicas víctimas: en este momento hay en América Latina 155 conflictos creados por la explotación de yacimientos. En Colombia algunos han provocado desórdenes y asesinatos.
Me impresionaron las cifras y argumentos que dio el senador Jorge Enrique Robledo en el Capitolio. Él afirma que "el país puede estar siendo literalmente saqueado" por las grandes empresas mineras, mientras estas y el Gobierno se ocupan de estigmatizar a los mineros informales, a quienes el Ministro de Minas propone "darles el mismo tratamiento que al narcotráfico". El ministro no los llama "informales" sino "ilegales", pero su supuesta ilegalidad es la misma en la que sobreviven millones de colombianos honestos cuyo delito es, básicamente, ser pobres: también son "ilegales" los que venden frutas en los semáforos, los que cuidan autos, los que exhiben merengones en las carreteras, los que reciclan basura, los que ofrecen dulces en un carrito, los que cantan en los cafés...
El general Leonardo Pinto, hablando de los mineros informales del Bajo Cauca, tuvo el valor de señalar que "están enfrentando una injusticia por parte del gobierno nacional" y que la manera de solucionar los problemas sociales no es la fuerza.
Eso es lo primero que conviene aclarar: que los miles de colombianos que buscan oro en condiciones primitivas, como lo hicieron sus antepasados, no pueden asimilarse a narcotraficantes ni recibir tratamiento de bandidos. Causan daños a la naturaleza, es verdad. Pero no más, con seguridad, que las minas a tajo abierto y otras prácticas de la gran minería, capaz de destruir un páramo o alterar el medio ambiente de una región. Para prueba, el deterioro ambiental del Cesar y la bahía de Santa Marta. Recordemos que 38 diputados británicos señalaron que el proyecto de la AngloGold Ashanti en La Colosa (Tolima) podría causar una catástrofe ecológica.
Se diría que el tren aplasta a algunos pero favorece a todos. Falso. Según el economista Eduardo Sarmiento, la minería no irriga beneficios, no genera empleo de calidad y tiene "una clara responsabilidad en los elevados índices de desigualdad de la sociedad colombiana". Además, paga regalías ridículas, inferiores a las que facturan los indígenas en las salinas de Manaure. Y tributa poco. "Las grandes empresas mineras prácticamente no están pagando impuestos", acusa Robledo. Se apoya en la Contraloría, al tenor de la cual los impuestos no pagados por la Drummond en el Cesar equivalen al 76 por ciento del recaudo por regalías.
Lo peor es que el tren galopa sin vigilancia. Ciego, sin datos, el Estado acepta las cifras de las mineras con "fe religiosa" (Contraloría), y un estudio de la Dian expone intrincado carrusel de evasiones fiscales. ¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
ESQUIRLAS. Usando un calumnioso pretexto, El País acaba de cancelar la columna de Ramiro Bejarano y de impedirle que se defienda de las sinuosas acusaciones de un jeque empresarial. Solidaria con Bejarano, renuncia la columnista Cecilia Orozco. De este modo, la oligarquía caleña cierra filas y censura toda crítica, aunque pierda a sus dos mejores comentaristas.
Por DANIEL SAMPER PIZANO
Daniel Samper Pizano
La gran minería ofrece más riesgos que beneficios y la informal no merece que la traten como un delito.
¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
Para decirlo en términos navideños, las multinacionales mineras son como los Reyes Magos, pero al revés: en vez de llevar oro al pobre portal, se lo quitan. El Gobierno habla con ingenua esperanza del "tren de la minería". Pero deberá manejarlo con cuidado, pues recuerda aquella locomotora loca que corre sin rumbo ni control y causa toda suerte de desastres.
Esta es la impresión que deja una mirada atenta a recientes debates en el Congreso, diversos documentos oficiales, graves quejas ecológicas y artículos de especialistas. Si no enderezan los rieles del tren minero, si no se le pone un buen maquinista y si no se establecen límites y barreras a la actividad, enfrentaremos un monstruo que destruirá la naturaleza, provocará peligrosos conflictos sociales y dejará escaso empleo y exiguas ganancias. No somos las únicas víctimas: en este momento hay en América Latina 155 conflictos creados por la explotación de yacimientos. En Colombia algunos han provocado desórdenes y asesinatos.
Me impresionaron las cifras y argumentos que dio el senador Jorge Enrique Robledo en el Capitolio. Él afirma que "el país puede estar siendo literalmente saqueado" por las grandes empresas mineras, mientras estas y el Gobierno se ocupan de estigmatizar a los mineros informales, a quienes el Ministro de Minas propone "darles el mismo tratamiento que al narcotráfico". El ministro no los llama "informales" sino "ilegales", pero su supuesta ilegalidad es la misma en la que sobreviven millones de colombianos honestos cuyo delito es, básicamente, ser pobres: también son "ilegales" los que venden frutas en los semáforos, los que cuidan autos, los que exhiben merengones en las carreteras, los que reciclan basura, los que ofrecen dulces en un carrito, los que cantan en los cafés...
El general Leonardo Pinto, hablando de los mineros informales del Bajo Cauca, tuvo el valor de señalar que "están enfrentando una injusticia por parte del gobierno nacional" y que la manera de solucionar los problemas sociales no es la fuerza.
Eso es lo primero que conviene aclarar: que los miles de colombianos que buscan oro en condiciones primitivas, como lo hicieron sus antepasados, no pueden asimilarse a narcotraficantes ni recibir tratamiento de bandidos. Causan daños a la naturaleza, es verdad. Pero no más, con seguridad, que las minas a tajo abierto y otras prácticas de la gran minería, capaz de destruir un páramo o alterar el medio ambiente de una región. Para prueba, el deterioro ambiental del Cesar y la bahía de Santa Marta. Recordemos que 38 diputados británicos señalaron que el proyecto de la AngloGold Ashanti en La Colosa (Tolima) podría causar una catástrofe ecológica.
Se diría que el tren aplasta a algunos pero favorece a todos. Falso. Según el economista Eduardo Sarmiento, la minería no irriga beneficios, no genera empleo de calidad y tiene "una clara responsabilidad en los elevados índices de desigualdad de la sociedad colombiana". Además, paga regalías ridículas, inferiores a las que facturan los indígenas en las salinas de Manaure. Y tributa poco. "Las grandes empresas mineras prácticamente no están pagando impuestos", acusa Robledo. Se apoya en la Contraloría, al tenor de la cual los impuestos no pagados por la Drummond en el Cesar equivalen al 76 por ciento del recaudo por regalías.
Lo peor es que el tren galopa sin vigilancia. Ciego, sin datos, el Estado acepta las cifras de las mineras con "fe religiosa" (Contraloría), y un estudio de la Dian expone intrincado carrusel de evasiones fiscales. ¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
